Un funcionario del gobierno de Tierra del Fuego será indagado hoy por la Justicia Federal de la ciudad de Río Grande, acusado de gestionar permisos de circulación para ser usados durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus y distribuirlos entre miembros de una banda de narcotraficantes, además de utilizar un vehículo oficial de la provincia para transportar estupefacientes, precisaron a Télam fuentes judiciales.

El subsecretario de Obras y Servicios Públicos fueguino, Gustavo Gabriel Caro, declarará esta mañana ante la jueza Mariel Borruto, que investiga el accionar de una organización dedicada al narcotráfico a partir del hallazgo de 27 kilos de marihuana durante varios operativos realizados entre el 15 y el 19 de junio.

En ese expediente aparecieron evidencias de la participación de Caro como colaborador de las actividades de la banda, en especial intervenciones telefónicas y seguimientos policiales que convencieron a la jueza de citar a Caro en calidad de imputado.

El gobierno fueguino se puso a disposición de la justicia al conocerse, semanas atrás, la vinculación del subsecretario con el caso, y dispuso la “suspensión” del funcionario sin goce de haberes, aunque evitó cancelar su designación.

Una pericia realizada por la División de Narcocriminalidad y Delitos Federales de la policía fueguina agregada a la causa, se refiere al “certificado de excepción” que Caro le habría entregado a Agustín Anchordoqui, uno de los imputados y detenidos por el hallazgo de la droga, para “circular libremente por Río Grande y Tolhuin durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, simulando que se trataba de “personal esencial”.

Por su parte, en las intervenciones telefónicas realizadas por la justicia existen intercambios de mensajes de audio y texto entre Caro y miembros de la banda, donde el funcionario involucrado se refiere a la gestión del permiso para circular.

“Yo te consigo uno que es libre. Voy a ver si te consigo ese (…) uno de gobierno, directamente de la policía”, señala el subsecretario en uno de los mensajes, según la pericia a la que tuvo acceso Télam.

Otro tramo de esas comunicaciones se refiere al momento de la entrega del certificado: “en cinco minutos llego, amigo, esperame así te doy el papel rápido”, afirma el funcionario.

En tanto, en el expediente también figura un seguimiento policial efectuado al subsecretario por las calles de Río Grande, mientras conducía una camioneta oficial del gobierno, de donde surge que se detuvo frente a una vivienda y recibió de otra persona, lo que sería un “ladrillo” de marihuana.

“Estaríamos frente a un consumidor y transportista minorista de sustancias estupefacientes, con el agravante de que Caro utilizaba la camioneta del Estado provincial, para sortear los controles durante la pandemia, y para transportar drogas y dinero entre Río Grande y Tolhuin”, aseguran las conclusiones de la pericia.

Hasta el momento la jueza Borruto dictó el procesamiento de cinco personas por su vinculación con la causa y los acusó del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la participación de más de tres personas”.

Se trata de Carlos Mario Bennati, Agustín Anchordoqui, Gastón Vicente Denis Almada, Juan Ariel Duarte y Luis Eduardo Alcoba.

En el caso de Bennati, Achordoqui y Denis Almada, Borruto también dispuso la prisión preventiva, por lo que continuarán detenidos mientras se desarrolla el proceso, mientras que Duarte y Alcoba recuperaron la libertad, ya que la jueza les atribuyó una participación secundaria en el hecho.

Además, la magistrada indagó a otros tres sospechosos de formar parte de la banda, y en último término citó a Caro, cuyo domicilio ya había sido allanado semanas atrás.

Según confirmaron las fuentes judiciales consultadas, el subsecretario se presentará hoy a la indagatoria con la asistencia legal del abogado Francisco Ibarra, el mismo que defiende al gobernador Gustavo Melella en la causa donde dos obreros de la construcción lo acusaron de presunto “abuso sexual coactivo”.

Por Gabriel Ramonet para TELAM

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