Dice el refrán popular “que se puede esperar de un burro más que una patada” pero, ¿Qué pasa cuando esa patada la provoca el Estado por acción u omisión? Tramitar un certificado de discapacidad, conocido como CUD, o una pensión en Tierra del Fuego y específicamente en la ciudad de Río Grande se ha vuelto desde hace un tiempo una misión (casi) imposible.

Vivimos en una sociedad hostil porque hablar de discapacidad es hablar de la burocracia, o mejor dicho “Burrocracia” nuestra de cada día. Primero para lograr un diagnóstico certero, luego para tramitar un certificado nacional y también una pensión.

“Los padres nunca se recuperan de la noticia de un hijo con un diagnóstico. Te sobre adaptas, seguís viviendo como podés, pero nunca te recuperás”, dice Cintia Fritz, productora periodística y la autora de “La aventura diferente”, un libro donde cuenta lo que significó para ella y su familia convivir con la discapacidad de su hijo Lautaro.

En 2008, Argentina adoptó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad mediante la aprobación de la Ley 26.378, como tratado internacional y, tal y como está establecido en la Constitución Nacional, la Convención asume jerarquía superior a las leyes. En otras palabras, es justamente desde el Estado desde donde se deben garantizar el cumplimiento de todos los derechos y otorgarles las herramientas necesarias a las personas con discapacidad para que sean su mejor versión y puedan desenvolverse como cualquier ser humano.

El problema surge cuando desde lo discursivo se dice mucho y se hace poco, así lo vive María desde la ciudad de Tolhuin con su hijo Thiago, o Marcelo con Lautaro, o Cami que convive con discapacidad desde su nacimiento, y la lista de nombres se vuelve interminable.

Esta semana en la provincia de Santa Fe se presentó un proyecto en la Legislatura donde se impulsa que los CUD no tengan vencimiento en el caso de personas con discapacidades permanentes. El autor de la iniciativa es el senador Guillermo Cornaglia, quien solicita al Poder Ejecutivo que interceda ante la Agencia Nacional de Discapacidad.

¿Podremos impulsar esa modificación desde Tierra del Fuego? ¿Es factible que legisladoras y legisladores fueguinos escuchen y accionen en relación a los cambios que necesitamos las familias de personas con discapacidad?

Ojalá que la respuesta sea sí. Sería un buen comienzo, uno auspicioso en relación a reparar todo el daño ocasionado porque en 2022, y a pesar de toda la normativa internacional, nacional y provincial, el Estado sigue en deuda con las personas con discapacidad y con quienes las cuidamos.