Las comisiones de Industria y Presupuesto de la Cámara de Diputados debatirán este jueves el proyecto de ley de Compre Argentino, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo con el objetivo de de mejorar las condiciones en que producen y se desarrollan empresas locales y el vínculo que mantienen con el Estado a través de licitaciones públicas. Hay rechazo de un sector de la oposición y consenso en el oficialismo. Las claves de la iniciativa.

Qué es y por qué es importante Compre Argentino

La ley que busca aprobar el Frente de Todos enmarcaría una serie de herramientas que permitan impulsar el desarrollo de la industria local en procesos productivos donde se pueda avanzar en la sustitución de importaciones, un asunto clave, por dos razones: por un lado, por las posibilidades que abre en materia laboral; y por el otro, porque le permite al Gobierno frenar la salida de dólares que requiere para el pago de la deuda con el FMI.

El objetivo de la ley es “mejorar la capacidad productiva nacional y promover el desarrollo de proveedores locales”, según indica el proyecto. En concreto, pone en un lugar de preferencia a proveedores nacionales en licitaciones y compras públicas. Además, según precisan desde Desarrollo Productivo, permitirá en un futuro “insertarlos” en “cadenas globales de valor” y, eventualmente, “favorecer su acceso a mercados internacionales”.

Si se aprueba la ley, todas las empresas del Estado, así como organismos de la administración pública, el Poder Legislativo, el Judicial y el Ministerio Público deberán priorizar a proveedores locales para sus compras. La novedad de esta semana es que el Frente de Todos busca sumar, además, al PAMI, la obra de social de los jubilados, un dato no menor si se tiene en cuenta que es la principal compradora de medicamentos. Juntos por el Cambio ya alzó la voz en contra y el diputado Luciano Laspina afirmó que se trata de un “traje a medida para algunos proveedores”, entre los que mencionó a los que “se entremezclaron en el negocio de las vacunas”.

En el Ministerio que conduce Matías Kulfas estiman que la ley permitiría ahorrarle al Estado alrededor de 500 millones de dólares por dejar de contratar a proveedores extranjeros. Además, la norma contempla que el Estado podría elegir como proveedora a una empresa que concursó una licitación incluso si supera la oferta de una empresa extranjera. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, se elevaría la preferencia de un 15 a un 20 por ciento, mientras que en el resto, pasaría del 8 % al 15.

En el caso de las empresas extranjeras, tendrán hasta un 12% de preferencia si tienen capitales nacionales. No se trata de un punto menor, ya que en un informe, la secretaría de Compre Argentino estimó que el 65% de los proveedores son privadas nacionales y de ese porcentaje, el 97% son micro, pequeñas o medianas empresas.

Investigación, desarrollo y críticas

La ley además contempla que el programa de empresas financie investigaciones para desarrollar más productos de forma integral en la Argentina.

La gran pregunta es qué se considera un producto realizado en la Argentina: según Desarrollo Productivo, deben ser el resultado de un proceso que se haga en el país y su contenido importado no puede superar el 40% del precio final. La norma generará un marco para millones de productos, desde un medicamento hasta una cosechadora.

La cuestión del PAMI que desató críticas desde Juntos por el Cambio fue defendida por el director de Compre Argentino, Julián Hecker, quien esta semana en una reunión de comisión argumentó que permitirá ampliar el “efecto multiplicador” de que el Estado “compre nacional” y que tenga impacto en más puestos de trabajo.

Sin embargo, el macrista Martín Tetaz y el radical Alejandro Cacace criticaron la ley y dijeron que el Estado “compra mal y caro”. “Gastará un 20 % más de lo que corresponde con los precios de mercado”, se quejó Cacace. Otro legislador de Juntos por el Cambio, Pedro Galimberti, cuestionó que el proyecto no se enmarque en un programa para el desarrollo industrial. Por su parte, la diputada oficialista Victoria Tolosa Paz recordó que durante cuatro años del gobierno de Mauricio Macri promovieron una ley que ahora se debe reformar porque no existe posibilidad de financiar a las pymes si no se amplían los márgenes de preferencia. “No es una ley para comprar caro, sino para crear trabajo”, sentenció.