Espionaje ilegal: revés judicial para la gestión del PRO

Punto Panorámico

9 de septiembre de 2022

La Justicia porteña declaró inconstitucional el uso del sistema de cámaras biométricas implementadas por el Gobierno de la Ciudad por el cual se relevaron datos de millones de ciudadanos y se accedió a información sobre dirigentes políticos del oficialismo y la oposición, jueces, fiscales y empresarios. Un fallo ordenó frenar el uso del sistema de reconocimiento facial que según las autoridades de CABA tenía como objetivo detectar a personas que se encuentren prófugas.

El fallo de la jueza en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Elena Liberatori frenó las operatorias del sistema. El caso salió a la luz luego de una investigación del juez porteño Roberto Gallardo, a partir de un amparo contra el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos que impulsó el Observatorio de Derecho Informático Argentino junto a otras organizaciones de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El caso desató graves denuncias y un pedido de investigación de parte de legisladores porteños y diputados nacionales que pidieron que se investiguen las irregularidades, luego de que se revelara que el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA, a cargo de Marcelo D’Alessandro, accedió a datos biométricos de siete millones de personas.

Entre los espiados se encuentren el presidente Alberto Fernández, Cristina Kirchner; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Sin embargo, también aparecen dirigentes de opositores, así como empresarios: en la lista figura el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, entre otros afines al macrismo.

La jueza Liberatori se hizo cargo de la causa meses atrás, luego de que en julio, tras una seguidilla de recusaciones de parte del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, el magistrado original fuera desplazado del expediente, una lógica similar a la que aplica por estos días la administración porteña, ya que se trató del mismo magistrado que semanas atrás le ordenó a CABA que el operativo en inmediaciones de la casa de la vicepresidenta quede en manos de la Policía Federal.

El fallo de Liberatori sostiene que el sistema de reconocimiento facial no cumple con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes de la Ciudad, y que la eventualidad de falencias “demuestra un grave grado de riesgo de vulneración de derechos personales”.

La auditoría ordenada por Liberatori demostró que se hicieron 15.459 búsquedas sobre personas que no tenían ningún tipo de pedido de captura. “Es decir, sin ningún pedido de la Justicia que justifique ese accionar”, escribió la magistrada. Otro aspecto no menor es que se hallaron 17 usuarios con acceso a la base de datos, aunque ninguno pudo ser identificado, porque aparecían con nombres no reales, como “testing” o “admin”.

Aunque las primeras denuncias y amparos fueron impulsadas hace dos años, el caso salió a la luz meses atrás. Ahora, el bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores en la Legislatura porteña impulsa un proyecto de ley para que se derogue y prohíba la herramienta.

Por el caso, fue allanado meses atrás el Ministerio de Seguridad porteño, con el objetivo de reunir información sobre las maniobras del presunto espionaje de grandes magnitudes.

Según había reconstruido el juez Gallardo en su primera resolución, el sistema fue introducido primero por resolución y luego mediante una ley de la Legislatura porteña durante la gestión de Mauricio Macri, tras la firma de un convenio entre CABA y el Registro Nacional de las Personas (Renaper) para acceder a la base de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas, que tiene alrededor de 50 mil personas. Sin embargo, la investigación determinó que se ingresó en miles de ocasiones al sistema y se hicieron 10 millones de búsquedas, mucho menos de lo requerido por tribunales que solicitan información sobre personas prófugas.

Además de CFK, Alberto y dirigentes de organismos de Derechos Humanos, las autoridades buscaron información del exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni – muy crítico del macrismo – y de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, desplazada de su cargo durante la gestión de Cambiemos. También de Patricia Bullrich, Elisa Carrió, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y el empresario Alejandro Bulgheroni, entre muchísimos otros.

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