A más de dos meses el inicio del debate por la reforma de la ley de Alquileres, esta semana hubo un principio de acuerdo entre los bloques opositores con el objetivo de tratar pronto dos modificaciones clave a la norma que entró en vigencia en 2020. El foco quedó puesto en los plazos de duración de los contratos y la actualización de los precios. Contundente rechazo de las agrupaciones de inquilinos. Qué dice el proyecto del Frente de Todos.

La novela por la reforma sumó esta semana el acuerdo de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, que buscarán llevar el proyecto al recinto de Diputados la semana que viene con el pedido de una sesión especial. La propuesta que impulsan reduce los plazos de los contratos de tres a dos años – como era antes de la sanción de la ley – y actualiza los montos del alquiler en plazos que podrán ser de tres a 12 meses, según definan las dos partes, aunque sin tope.

Ley de Alquileres: cómo serían los aumentos

Desde la sanción de la ley hace dos años, los contratos se actualizan una vez por año en base a un índice calculado por el promedio entre la evolución de los salarios en blanco y el Índice de Precios al Consumidor calculado por el Indec. Ahora, la iniciativa opositora sugiere que se podrán tomar como referencia la evolución de la inflación, el índice de precios mayoristas y/o el índice de salarios, así como también una combinación de los índices, “según acuerden las partes”.

Los incrementos, además, podrían consensuarse de común acuerdo entre inquilinos y propietarios, aunque los dueños de los inmuebles ostentan una posición de poder, sobre todo teniendo en cuenta una combinación dramática que produjo una fuerte suba en los últimos meses: por un lado, los incrementos por la inflación y, por el otro, la escasez producto de la especulación inmobiliaria respecto del futuro de la ley que está en debate.

La cuestión de los plazos tampoco es un punto menor, sobre todo en términos de proyección habitacional. De hecho, los contratos por tres años fueron uno de los puntos clave durante el debate de la ley, en 2019 y 2020. La iniciativa que trabaja la oposición regresa a dos años de plazo.

Además, el proyecto que podría debatirse la semana que viene prevé beneficios fiscales para los propietarios, con el objetivo de que vuelquen sus viviendas al mercado de alquileres. Producto de la especulación, en la Ciudad de Buenos Aires, donde alquila el 35 por ciento de las familias, la oferta de propiedades para alquilar se desplomó entre un 30 y un 50 por ciento, de acuerdo con datos del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de CABA. Se estima que en promedio en todo el país hay entre 7,5 y 9 millones de inquilinos.

El proyecto del Frente de Todos

Además, el Frente de Todos también tuvo dictamen en Diputados de un proyecto de reforma que sostiene los tres años de alquiler de contrato y la actualización con un índice mixto entre inflación y sueldos. Aunque advierten que en un contexto inflacionario será difícil frenar la escalada de precios, también incorporan beneficios impositivos como exceptuar del pago de Bienes Personales a los inmuebles para alquiler familiar, a menos que superen los 30 millones de pesos. También plantea otros beneficios fiscales

La sesión se podría llevar a cabo el 30 de junio y la oposición busca abroquelarse para imponerse al oficialismo tal como ocurrió semanas atrás con el debate por la Boleta Única de Papel. Para el Frente de Todos no es sencillo, ya que cuentan con 117 votos – en un escenario ideal en el que nadie se ausente – por lo que le faltarían al menos 12 para alcanzar la mayoría. Juntos por el Cambio tiene 116, pero acordó su dictamen con el Interbloque Federal y Juntos por Río Negro, por lo que alcanza al menos 126.

Propietarios SA: el lobby inmobiliario y la desprotección de los inquilinos

Gervasio Muñoz, líder de Inquilinos Agrupados, salió al cruce del proyecto que impulsan Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, y consideró que “la deslegitimación de la ley de Alquileres es tal que alquilar una vivienda es la ley de la selva”.

En este sentido, adelantó que, si se aprueba el proyecto, exigirán al presidente Alberto Fernández que vete la normativa. Para que se apruebe, sin embargo, debe pasar por el Senado, donde el Frente de Todos tiene quórum y los números de la oposición son más difíciles.