Con la detención de Gabriel Carrizo, la causa judicial que investiga el atentado contra Cristina Kirchner avanza por estas horas en dilucidar cómo operaba la estructura que atacó a la vicepresidenta el jueves 1° de septiembre en el barrio porteño de Recoleta. Todo apunta a que Carrizo sería el líder, aunque resta definir cómo obtuvieron ingresos y si respondían a órdenes de otras personas que pudieron haberlos influido y financiado. Además, la Justicia puso la lupa sobre Revolución Federal, una agrupación violenta surgida en mayo que en innumerables ocasiones habló de matar a CFK, Máximo Kirchner y Alberto Fernández.

Carrizo fue detenido la semana pasada cuando se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py para retirar su teléfono celular, que aportó cuando fue citado para declarar como testigo. La jueza María Eugenia Capuchetti sospecha que era el verdadero líder de la “banda de los copitos”, al tiempo que considera que la venta de copos de azúcar era una pantalla para hacer tareas de inteligencia en inmediaciones de la casa de Cristina.

Ayer, la magistrada rechazó el pedido de excarcelación de Carrizo, presentado por su abogado, Gastón Marano. Un dato insoslayable es que hasta el viernes Marano fue asesor del senador de Juntos por el Cambio Ignacio Torres en la Comisión Bicameral de Inteligencia. También comparte estudio con una abogada que trabajaba para el legislador porteño de Libertad Avanza, Ramiro Marra. A su vez, el letrado tiene vínculos con un abogado ligado a los servicios de inteligencia, que defendió a dos procesados en la causa por el espionaje ilegal macrista a empresarios, jueces y opositores.

Aunque está prácticamente confirmado que Carrizo sería el líder de la banda que integraban Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Agustina Díaz – los tres detenidos – se sospecha de otros vínculos que pudieron haberlo influido para reclutar y coordinar el ataque. En el teléfono de Carrizo se descubrieron mensajes enviados a su hermana en los que afirmaba que el ataque cometido por Sabag Montiel en verdad estaba planificado para cometerse una semana más tarde y con otra pistola, una calibre .22 que le había entregado a Uliarte. No se descarta que el objetivo hubiera sido actuar también con la Bersa que le secuestraron a Sabag cuando lo detuvieron.

A la incógnita de cómo se financiaban y si eran influidos por terceras personas también hay que sumar la posibilidad de que la banda sea integrada por al menos una persona más que, hasta ahora, no se encuentra detenida. La Justicia analiza por estas horas los mensajes que cruzaron, pero también imágenes de la zona de los días previos para determinar con quién más pudieron haber hablado. Hasta ahora, sólo fueron procesados Sabag Montiel y Uliarte por homicidio agravado por premeditación, alevosía, uso de armas y la participación de dos o más personas, en grado de tentativa. No se descarta que la misma suerte corran Díaz y Carrizo.

Revolución Federal, en la mira

En paralelo, la figura de Revolución Federal, la agrupación que con discursos de extrema derecha incitó a la violencia y agredieron a diputados, ministros y periodistas con escraches violentos quedó en la mira de la Justicia. Uliarte y Sabag Montiel participaron de al menos una de las manifestaciones, el 18 de agosto frente a la Casa Rosada, donde hubo ataques con bombas molotov y antorchas. El grupo comenzó a operar en mayo pasado, creado por dos chicos muy jóvenes, Jonathan Morel y Leonardo Sosa. Fuentes del gobierno los caracterizaron como “extremismo de derecha”.

En total forman parte unas 60 personas que encabezan escraches violentos y agresiones direccionadas a diputados – atacaron a Mirta Tundis y Myriam Bregman – pero también a Sergio Massa el día de su asunción, al ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi, y al dirigente social Juan Grabois, entre otros. La semana pasada, el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, remitió una serie de audios de la plataforma Twitter Space, donde Morel y un hombre de Río Gallegos donde le pregunta por qué no había matado a Máximo Kirchner.

En Revolución Federal, que se define como un “grupo de reacción”, la idea de un ataque violento a Cristina aparece de forma recurrente, ya no sólo en conversaciones, sino también en las propias redes sociales de la organización, así como también en las de sus integrantes más mediáticos. Incluso después del atentado. La AFI no descarta que sea un grupo de extrema derecha violenta similar, aunque menos populoso, que los que existen en otros países, con un componente de odio muy evidente en sus discursos, aunque también con tonos neonazis.

En entrevistas y posteos en las redes sociales, los integrantes de Revolución Federal no ocultaban su simpatía con las ideas de Milei. Sosa incluso reconoció haber militado un tiempo con el libertario. Morel incluso militó con el macrismo. En su caso, además, queda la sombra del sugestivo pago de 1.7 millones de pesos por supuestos trabajos de carpintería realizados para el Grupo Caputo, la familia del mejor amigo de Mauricio Macri – Nicky Caputo – que, a su vez, es primo de Luis “Toto” Caputo, exministro de Finanzas del gobierno de Cambiemos. El jueves, en una entrevista televisiva, el joven carpintero de 23 años no supo explicar qué trabajo había realizado, lo que alimenta aún más las dudas.