La presentación del Superior Tribunal de Justicia (STJ) del proyecto para ampliar el organismo ante la Cámara Legislativa provincial ya tiene varios cuestionamientos, entre ellos el del Movimiento de Mujeres, que batalló para garantizar la paridad de género en el Concejo Deliberante hasta que el mismo STJ reconoció esa preocupación como válida y legítima aunque en el proyecto que presentó en el parlamento fueguino se olvidó de mencionar la necesidad de garantizar las presencia femenina y la perspectiva de género.

¿Será que los tres jueces que integran el STJ consideran que en el Poder Judicial provincial ya se alcanzó la paridad de género? ¿O será que por alguna extraña razón ese debate, se ve horadado por otras discusiones que otres consideran más urgentes? Porque no faltan aquellos deshonestos que pretenden decir que la lucha feminista carece de urgencias, que es secundaria frente a otros reclamos sociales, como si una forma de opresión fuera insoportable y la otra una utopía.

¿Qué sucede en la estructura judicial de la Provincia? Lo mismo que en el resto del país. La base completa de trabajadores y trabajadoras judiciales está compuesta por 698 agentes a la fecha. El 51% son hombres, mientras que el 49% mujeres. Aunque la planta total se incrementó levemente, las proporciones se mantienen similares a las de 2011.

Ante una lectura rápida se puede inferir que hay paridad de género. Sin embargo al desglosar quiénes ocupan los cargos de mayor jerarquía la cosa cambia. La supremacía es masculina y estos porcentajes se mantienen inalterables por lo menos desde 2011, según los registros del Mapa Interactivo de Género publicado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según estos datos, actualizados hasta el año pasado en Tierra del Fuego AIAS, hay 43 magistrades y sólo 8 son mujeres. El 80% de los cargos más altos del Ministerio Público Fiscal son ocupados por hombres. En el Ministerio Público de la Defensa hay 11 defensores y sólo 4 son mujeres.

Luego de la primera movilización “Ni Una Menos” el consenso social tuvo su base en la consigna “basta de violencia física contra las mujeres”, entonces el movimiento feminista irrumpió en la esfera pública con más fuerza y mayor voz para comenzar a discutir los elementos invisibles que configuran la totalidad del iceberg de la violencia machista y, entre ellos, tomó forma el reclamo por los lugares de decisión pública y también en la esfera privada. La paridad de género es un reclamo y una bandera feminista, por la que quienes ocupan esos lugares en la actualidad dicen mucho, pero en la práctica hacen bastante poco, o por lo menos con muy pocos resultados.
La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia registra estos datos desde 2011. Durante ese año, había 31 magistrades, sólo 7 eran mujeres. En el Ministerio Público Fiscal, 72% de los fiscales eran hombres. En el Ministerio Público de la Defensa se registraba paridad de género, ya que 4 de 9 defensores eran mujeres, sin embargo en la actualidad hubo un enorme retroceso.

En 8 años, los cargos de mayor relevancia jerárquica siguieron ocupados por hombres. En 2016, un año después de la primera movilización “Ni Una Menos”, no hubo variación en cuanto a la integración femenina del Poder Judicial en Tierra del Fuego AIAS en los cargos de mayor decisión.

El dato que se presenta como alentador es que en los cargos de funcionaries judiciales (que serían secretarios y prosecretarios) hay efectivamente más mujeres que hombres. Esta situación se repite en la esfera nacional. María del Carmen Battaini, jueza del Superior Tribunal de Justicia, fue consultada sobre esto por el periodista Guillermo Lacaze: “De aquí a una proyección de futuro vamos a tener más incidencia también en los cargos superiores, porque quien hoy es funcionario y está en la carrera judicial aspira a llegar al mayor cargo”, respondió la magistrada.

La lógica indicaría que Battaini tiene razón. La pregunta es cuánto tiempo tiene que pasar para alcanzar la paridad de género en el Poder Judicial provincial, porque desde 2011 que se registra una (casi) igualdad entre hombres y mujeres en cargos de funcionaries. Sin embargo esa incidencia no se evidencia en las esferas más altas de la justicia. Hablar de los techos de cristal es hablar de una serie de barreras naturalizadas hasta la invisibilidad que impiden que las mujeres asciendan a puestos jerárquicos dentro de una escala organizacional.

Esa pregunta la responde el Informe global de la brecha de género 2020 (Global Gender Gap Report 2020), que entre sus conclusiones estima debe transcurrir un siglo para cerrar la brecha entre hombres y mujeres. La única manera de acortar ese tiempo es con políticas activas de acción positiva (medidas que buscan corregir las desigualdades estructurales), y para eso juega un rol clave la perspectiva de género a la hora de pensar cosas tales como la ampliación del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Battaini lo reafirma en la misma entrevista: “Se aspira a que los concursos tengan una mirada con perspectiva de género, porque mucho hablamos de eso, pero después cuando tenemos que aplicar esa perspectiva de género muchas veces nos olvidamos y cometemos algunos desfasajes en nuestros razonamientos o en nuestras conductas”.

Quienes se encargan de seleccionar y remover jueces en la provincia son los integrantes del Consejo de la Magistratura, es decir, en ellos recae una responsabilidad enorme para revertir esta desigualdad existente entre hombres y mujeres. Lo curioso es que en la actualidad el organismo, con este rol clave, está compuesto exclusivamente por varoncitos. Hermoso todo.

Luz Scarpati

Fuente: https://om.csjn.gob.ar/mapagenero/consultaMapa/consultaSTP.html?queListar=&idJurisdiccion=

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