“No estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático y judicial”. La frase pertenece a Cristina Kirchner, aunque es probable que en las próximas semanas sea pronunciada por variopintos dirigentes del Frente de Todos en repudio al primer pedido de condena a la vicepresidenta, en la causa conocida popularmente como “Vialidad”, donde se investiga la asignación de obra pública en Santa Cruz y el rol del empresario Lázaro Báez.

Con el histrionismo que lo caracterizó en las últimas nueve jornadas de alegatos, la búsqueda de grandilocuencia en sus palabras y luego de desmentidas categóricas de cada uno de los testigos, el fiscal Diego Luciani solicitó al Tribunal Oral Federal Nº 2 una condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua – ¿proscripción? – para ejercer cargos públicos a Cristina Kirchner, sindicada como jefa de una asociación ilícita que se prolongó por 12 años y administración fraudulenta.

Las claves de la causa Vialidad

La causa Vialidad se originó en 2016 a raíz de una denuncia de Javier Iguacel, por entonces director de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, que apuntó también a exfuncionarios como Julio de Vido y José López, así como al empresario Lázaro Báez, dueño del Grupo Austral.

A finales de 2016, Cristina fue procesada por asociación ilícita y el juez Julián Ercolini la embargó por una suma millonaria: $10.000 millones.

Tras un largo proceso judicial, el juicio oral comenzó a finales de 2019. La primera declaración de CFK causó una gran resonancia. Ya era vicepresidenta electa, aún faltaban unos pocos días para la asunción e hizo una larga exposición que culminó así:

“Había que condenar a un gobierno. El de Néstor Kirchner. Había que traer de vuelta al FMI. Y para eso había que convencer que el que nos desendeudó era un chorro. Por eso es que estoy sentada acá. Seguramente tienen la condena escrita, porque este es un tribunal del lawfare. No me interesa. Yo he elegido la historia. A mí me va a absolver la historia, y a ustedes los va a condenar”.

Ahora, luego de nueve jornadas de alegatos, el juicio va llegando a su fin – se espera que la sentencia se dicte antes de fin de año – y el fiscal Luciani adquirió un gran protagonismo por dos razones: en primera instancia, por sus definiciones categóricas, muchas veces adjetivadas al extremo, con un elevado grado de histrionismo; y en segundo plano por la revelación de las fotos que prueban su estrecho vínculo con el juez del Tribunal Oral Federal Nº2, Rodrigo Giménez Uriburu, con quien jugaba al fútbol habitualmente. La frutilla del postre es que lo hacían en la quinta Los Abrojos, perteneciente a Mauricio Macri.

A pesar del contundente show de irregularidades que emergió de Comodoro Py en las últimas semanas, que prueban que el objetivo es impedir una eventual candidatura de Cristina Kirchner en 2023, las acusaciones ya carecían de fundamentos desde mucho antes, desde la etapa de instrucción del expediente. A lo largo de todo el juicio, todos los testigos dejaron en offside la hipótesis de irregularidades en los sobreprecios. Pero el elemento más contundente llegó meses atrás, con una pericia del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema, que estableció que las redeterminaciones de precios se realizaron de forma correcta y que no existieron irregularidades.

En concreto, la acusación es que Cristina y los funcionarios de rangos menores favorecieron a Báez con 51 de las 81 obras que se licitaron en Santa Cruz.

Detalle no menor: todas las obras figuraban en el Presupuesto y fueron votadas por ambas cámaras del Congreso. A lo largo del juicio quedó en claro, además, que todas las obras que se pagaron se realizaron y que las demoras fueron similares a las que tenían otras obras en distintas regiones del país.

En buena parte de sus alegatos, Luciani y su par Sergio Mola tuvieron declaraciones que los asemejaban con meros comentaristas, hasta con opiniones muy curiosas. Ayer, sin ir más lejos, el propio Luciani aseguró que es “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, y que fueron “actos de corrupción sistemáticos promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país”.

También le respondió a Alberto Fernández, a quien señaló por “encabezar una injerencia indebida en el Poder Judicial”. El Presidente fue testigo en el caso, pero además repudió con firmeza las fotos que prueban el estrecho vínculo entre Luciani, Giménez Uriburu y Macri.

Más curiosidades

Las obras adjudicadas a Lázaro Báez fueron votadas por el Congreso, mientras que todos los procesos licitatorios fueron realizados por el gobierno de Santa Cruz, que también se encargó de la adjudicación y el control. En ningún momento, el gobierno nacional tuvo intervención decisiva en términos administrativos. Para los fiscales, los legisladores votaron todo pero sin contar con toda la información.

Unidad en el Frente de Todos para condenar el lawfare contra Cristina

Como en pocas ocasiones, el Frente de Todos en su conjunto se alineó para repudiar la nueva avanzada judicial contra la vicepresidenta: desde el presidente Alberto Fernández – hubo conversación telefónica en horas de la tarde – hasta Sergio Massa, la CGT, el PJ, los gobernadores y obviamente La Cámpora salieron al cruce del pedido de condena a 12 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que implicaría una proscripción.

“Si la tocan a Cristina qué quilombo se va a armar”, es la consigna que resonó con fuerza durante el fin de semana. Es de esperar que, en este contexto, surjan movilizaciones en respaldo a la vice en las próximas semanas. Hebe de Bonafini lo dijo sin pelos en la lengua: “Hay que salir a la calle”. Incluso la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, también salió al cruce del pedido de condena: “Rechazamos la persecución política que incluye un antidemocrático pedido de inhabilitación para Cristina Kirchner. Para no ser usadas como medio de persecución o proscripción, como vimos en Brasil, las acusaciones de corrupción en la obra pública deben ser juzgadas por jurados populares”.

Proscripción ¿y censura?

En paralelo, ayer por la tarde el Tribunal Oral Federal Nº2 rechazó un pedido de la defensa de Cristina, que este lunes había solicitado ampliar su indagatoria hoy martes. El Código Penal prevé que los imputados pueden ejercer su derecho a declarar en cualquier etapa del proceso oral, pero se postergará hasta septiembre, cuando comience la etapa de alegatos de las defensas.

Ante la novedad, Cristina no dudó en reaccionar y afirmó que no está frente a un tribunal constitucional, sino “ante un pelotón de fusilamiento mediático y judicial”. Este martes, hará pública en sus redes sociales la exposición que tenía pensado realizar ante el Tribunal Oral y los fiscales.

¿Será justicia?