11 años de deudas

¿Dónde están las feministas?
Cuidando personas. A las hijas, a los hijos, a las viejas, a los viejos, a las rotas. A los quebrados que el mundo empujó a los márgenes olvidados de una planilla de excel.

¿Dónde están las feministas?
Trabajando doble jornada. En el empleo y en la casa. Con sueldo y sin recibo. Con acceso a la jubilación y sin ella. Una jornada visible y otra en el mundo oculto del hogar.

¿Dónde están las feministas?
Tejiendo redes. Armando grupos, rondas, refugios, colectas, acompañamientos, protocolos, marchas y comunicados. Militando por un feminismo desorganizado que no encuentra eje en estos días raros.

¿Dónde están las feministas?
Haciendo cuentas, para saber cuánto falta para llegar a fin de mes. Cuánto cuesta cuidar.
Cuántas vidas se cobra el desfinanciamiento de políticas públicas. Cuánto se fragmenta una sociedad cuando convierte la crueldad en sentido común.

¿Dónde están las feministas?
Empujando derechos. En la calle, en las escuelas, en los hospitales, en los sindicatos, en las universidades, en las casas. En los espacios de trabajo. En los partidos políticos.

¿Dónde están las feministas?
Contando muertas. Todavía.

11 años de deudas

El 3 de junio de 2015, Ni Una Menos desbordó las calles de Argentina. El femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada en Rufino, Santa Fe, condensó una indignación que ya no entraba en los márgenes habituales de la noticia policial. La consigna nombró lo que durante años se había contado como drama privado, crimen pasional o tragedia familiar. Puso en el centro de la discusión política a la violencia contra las mujeres, como una forma específica de violencia social, sostenida por desigualdades, impunidades, silencios institucionales y pactos de convivencia.

La primera marcha se realizó en más ochenta ciudades de Argentina, entre ellas Ushuaia, el fin del mundo. El frío apretaba en la capital de Tierra del Fuego AIAS, la Plaza Cívica cubierta por un manto de nieve, barro y escarcha se llenó de personas que fueron a buscar ahí una respuesta frente a tanta violencia. Había militantes, vecinas, organizaciones sociales, referentes de partidos políticos y funcionarios públicos de las más altas esferas. Fueron de forma presencial, no mandaron a sus CMs para hacer un gran “como si” en la esfera digital.Había una potencia auténtica que sorprendió a más de uno y a más de una. Nadie quería quedarse afuera. Un poco por convicción, un poco por cálculo, un poco por FOMO, un poco para espiar un futuro posible.

Hoy, 11 años después del femicidio de Chiara Paéz, sumamos a otra adolescente de 14 años a la dolorosa lista que enmarca nuestro duelo: Agostina Vega. No es justo. No alcanza con recordar a las víctimas. No alcanza con declarar la conmoción después de cada femicidio. No alcanza con el arrebato de la indignación.

Desde 2015 hasta ahora, cambiaron las palabras, algunas leyes, cambió la sensibilidad social, cambió el modo en que muchos medios narran estos crímenes. En 2026 esa deuda convive con un gobierno nacional que no solo desfinancia políticas de género, sino que discute el sentido mismo de las conquistas feministas.

Según el informe elaborado por el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, en colaboración con la Universidad Nacional del Delta, entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026 se registraron al menos 3.205 víctimas letales de violencia de género en Argentina: 3.144 femicidios directos y vinculados, 46 transfemicidios y travesticidios, y 15 instigaciones al suicidio. En estos once años hubo un femicidio cada 31 horas.

El Observatorio también señaló que en el 85% de los casos el femicida pertenecía al círculo íntimo o era conocido de la víctima, y que el 63% de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida con el agresor. Estos datos son centrales porque evidencian que, muchas veces la violencia ocurre dentro del entorno más cercano, en espacios que deberían ser de protección y cuidado.

Pese a esto el marco legal parece bastante robusto. En 2009, la Ley 26.485 reconoció la violencia contra las mujeres como un problema público, social e institucional. En 2012, la Ley 26.791 modificó el artículo 80 del Código Penal e incorporó el femicidio como homicidio agravado. En 2019 se sumaron el acoso callejero y la violencia política contra las mujeres. En 2023, la Ley Olimpia incorporó la violencia digital dentro de la Ley 26.485. No fueron concesiones amables del Estado: fueron conquistas arrancadas por organización, calle, investigación, acompañamiento y presión social.

Por eso la ofensiva contra la figura de femicidio no apunta únicamente a una palabra del Código Penal. Lo que está en juego es el recorrido que permitió sacar estos crímenes del terreno cómodo del “crimen pasional”. La categoría femicidio condensó décadas de organización feminista para decir que esos asesinatos tienen una marca específica: odio, subordinación, ensañamiento, disciplinamiento sobre el cuerpo de las mujeres. Llevar esa discusión otra vez a “son homicidios” borra historia, borra poder y borra la trama social que vuelve posibles esos crímenes.

Defender esa figura tampoco implica abrazar una doctrina punitivista, porque el movimiento feminista no construyó su potencia política alrededor de la promesa de encerrar gente para siempre. La figura de femicidio entró al sistema penal como una conquista limitada, pero necesaria, en el lenguaje que el Estado reconoce cuando la violencia ya llegó. Ahí aparece una contradicción del Gobierno nacional, ya que Javier Milei y La Libertad Avanza discuten el femicidio en nombre de una supuesta igualdad abstracta, mientras fortalecen una respuesta estatal cada vez más punitiva para perseguir, disciplinar y ordenar la protesta, la pobreza y el conflicto social. Quieren borrar la dimensión política del femicidio, pero no tienen ningún pudor en endurecer la mano contra la protesta social.

El gobierno de Javier Milei volvió el machismo parte de una narrativa de poder en la que mientras el ajuste deteriora salarios, multiplica trabajos, encarece alquileres, endeuda hogares y vuelve miserable la vida cotidiana, la batalla cultural ofrece un culpable más cercano que el poder económico. Si la vida se vuelve insoportable, que la bronca no suba hacia quienes concentran riqueza; que baje sobre quien está al lado. Las mujeres, las feministas y las diversidades se vuelven blanco ideal porque ya habían incomodado jerarquías en la casa, en la cama, en el trabajo, en la escuela, en la política y en el lenguaje.

Ese clima exige una discusión incómoda con los varones. El femicidio es la expresión final de una cadena de violencias anteriores: chats donde se cosifica a compañeras, pactos laborales que protegen agresores, dirigentes que miran para otro lado, amigos que relativizan, militantes que bajan el precio, funcionarios que prefieren no incomodarse. Incorporar varones a la conversación no puede reducirse a invitarlos a una marcha. Tienen que entrar en los lugares donde se produce la impunidad cotidiana: grupos de WhatsApp, sindicatos, municipios, partidos, clubes, redacciones, bloques legislativos, oficinas judiciales y mesas familiares.

En ese punto, la frase “las feministas se pasaron tres pueblos” deja de ser una opinión torpe y se vuelve una coartada política. Cuando un dirigente político, del partido que sea, repite esa idea para mostrarse razonable frente al clima reaccionario, entrega una parte de la discusión al enemigo. Cualquier espacio político del ámbito nacional y popular no puede pretender representar a las mujeres que sostienen comedores, cuidan pibes, acompañan viejos, trabajan doble jornada y administran la pobreza, mientras compra el argumento de que el problema fue la intensidad del feminismo. Si el costo de parecer moderado es aceptar que el reclamo contra la violencia fue excesivo, esa moderación se parece demasiado a la complicidad. .

La conmoción pública tampoco ocurre por generación espontánea. Los casos llegan a la agenda porque hay asambleas, periodistas, docentes, militantes, redes comunitarias, organizaciones, familiares y compañeras que insisten cuando el expediente duerme o la indiferencia persiste con tiranía. Ni Una Menos no inventó el dolor: produjo las condiciones políticas para que ese dolor no quedara encerrado en una casa.

Ahí también se mide lo que cambió desde 2015. No se puede evaluar al feminismo solo por la cantidad de femicidios que no logró evitar. Esa cifra duele y frustra, pero no agota el balance. Cambiaron conversaciones, vínculos, coberturas mediáticas, prácticas escolares, formas de nombrar la violencia y expectativas sobre lo tolerable. La ultraderecha no combate al feminismo porque fracasó; lo combate porque tocó zonas reales de poder.

La violencia machista se agrava en un contexto de precarización económica, pobreza y retiro del Estado. La frase “la pobreza tiene cara de mujer” no decora comunicados: habla de ingresos, tiempo, deuda, cuidado, dependencia económica, redes rotas y margen real para salir de una situación violenta. Cuando faltan programas, refugios, asesoramiento jurídico, acompañamiento, ESI y políticas de prevención, la libertad se vuelve una palabra linda para quienes tienen cómo pagarla.

En Tierra del Fuego AIAS, los retrocesos nacionales dialogan con deudas locales. El cierre de la Escuela Popular de Géneros, la falta de aplicación efectiva de la ley que prevé patrocinio gratuito para víctimas de violencias de género por parte del gobierno de Gustavo Melella y la degradación en los hechos —aunque no en el nombre— de la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Ushuaia expresan una pérdida concreta de jerarquía política. La agenda de género no desaparece de un día para el otro: primero pierde presupuesto, después capacidad de acción, después centralidad, después urgencia.

La provincia más austral y más extensa del país en términos territoriales sigue siendo además una de las pocas jurisdicciones sin ley de paridad de género. Se presentaron proyectos, se debatió en distintas oportunidades y la mayoría de los legisladores y legisladoras dice estar de acuerdo cuando se les pregunta. Sin embargo, la paridad no llega al recinto como prioridad real. Las mujeres sostienen buena parte de la vida comunitaria, partidaria, sindical y social, pero siguen subrepresentadas en los lugares donde se decide.

Este es el punto que incomoda a todos los espacios políticos. Es fácil repudiar a Milei cuando niega la violencia de género. Lo difícil es revisar cuánto de esa estructura patriarcal se reproduce en gobiernos provinciales, municipios, partidos, sindicatos, bloques legislativos, medios de comunicación y organizaciones. La violencia extrema tiene responsables directos, pero también condiciones de posibilidad. Esas condiciones se construyen con presupuesto, discursos, omisiones, jerarquías y silencios.

La pregunta, entonces, no es si las feministas fueron demasiado lejos. La pregunta es quiénes quieren devolver la violencia al ámbito privado, o necesitan que el femicidio vuelva a parecer un homicidio cualquiera, quiénes se benefician cuando el malestar social se descarga contra mujeres y diversidades, y quiénes se acomodan en la frase “se pasaron tres pueblos” para no discutir la complicidad de los varones, de los partidos y del Estado.

A veces aparece, caprichosa y hostil, la pregunta de siempre: ¿dónde están las feministas? La formulan como reproche quienes no miran, no escuchan y no conocen. Pero la respuesta no está dirigida a quienes preguntan desde el desprecio, sino a quienes cargan la desesperanza en el cuerpo.
Acá estamos.

Las organizaciones feministas convocan a una nueva movilización:

En Ushuaia: San Martín y Fadul, a las 16 horas.
En Río Grande: Torre de Agua, a las 17 horas.
En Tolhuin: cartel de la ciudad, a las 17 horas.