Con un fuerte lobby empresarial y político de frente, el futuro de la ley de Humedales es incierto, luego de que la semana pasada se postergara el plenario de comisiones con el objetivo de escuchar la postura de los gobernadores, un aspecto no menor si se tiene en cuenta que varios mandatarios provinciales ya habían puesto reparos por un posible freno de actividades productivas en caso de que prospere la norma.

La ley de Humedales es una deuda que tiene al menos una década y que el año pasado estuvo a punto de saldarse. Fue una promesa de campaña del Frente de Todos y ahora podría transformarse en un (nuevo) punto de quiebre al interior del oficialismo. Tras la suspensión del plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura, aún no se sabe cómo avanzará la discusión.

Tal como contó Gamera días atrás, la cámara que agrupa a empresarios mineros y la Sociedad Rural son los dos sectores que más lobby hacen para frenar cualquier tipo de regulación sobre los humedales, que hoy representan alrededor del 22 por ciento del territorio de la Argentina. Afirman que la norma perjudicará proyectos productivos, cuando en verdad pone topes y establece qué actividades y con qué límites se pueden llevar a cabo en esos territorios, fundamentales para el cuidado del medioambiente.

El objetivo de suspender el plenario de comisiones que debía emitir dictamen el jueves pasado era conocer la opinión de las provincias. El grupo de gobernadores del Norte Grande emitió la semana pasada un duro comunicado contra el proyecto en el que rechazaron que se haga un inventario de humedales a nivel nacional, uno de los ejes de la iniciativa que propone el diputado Leo Grosso, del Movimiento Evita, que tiene amplio consenso incluso con bloques opositores.

El argumento de los gobernadores es que los recursos naturales son potestad de las provincias y no de la Nación. No hubo grieta: coincidieron desde peronistas como Gildo Insfrán, Raúl Jalil o Ricardo Quintela, hasta los radicales Gerardo Morales y Gustavo Valdés o el salteño Gustavo Sáenz, hombre muy cercano al ministro de Economía, Sergio Massa.

Los gobernadores del Norte Grande observan con preocupación las limitaciones que podría suponer la ley de Humedales. “Es nuestra responsabilidad conservar y encontrar un equilibrio que garantice el desarrollo sostenible, sosteniendo las actividades productivas, que son estratégicas en nuestra región”, advirtieron. En concreto, se refieren a la producción agropecuaria y a los desarrollos mineros, ambos de gran contaminación.

Al comunicado de los gobernadores del Norte se le sumaron otras declaraciones. Por caso, Morales – tras su gira con el ministro del Interior, “Wado” de Pedro, por Estados Unidos – afirmó que el tratamiento de la ley “venía muy rápido”, y que no es correcto que el inventario se haga desde Nación. “Viene alguno de Buenos Aires, que no sabe nada, que no tienen idea de nada, que vive otra vida, a pararte un proyecto de explotación de litio cuando cumplimos con los parámetros de cuidado del ambiente”, se indignó.

Hasta acá, los gobernadores respaldaron un proyecto impulsado por el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente. Ese texto se hizo sin apoyo de organizaciones ambientales, e incluso no cuenta con respaldo del propio bloque del Frente de Todos en Diputados. De hecho, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) afirmó que esa iniciativa “supone severos retrocesos en los niveles de protección” de los humedales y “favorece el involucramiento de los actores territoriales concentrados y prioriza intereses productivos de las provincias en desmedro de la conservación efectiva”.

La clave es que además no respeta la propia definición de “humedal”, ni establece plazos para incorporar los humedales a un ordenamiento ambiental. Además, no se prevén moratorias ni prohibiciones concretas, así como mayores estudios de impacto ambiental o evaluación de proyectos.