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Menos de dos años después de que entrara en vigencia la ley de Alquileres, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio acordaron avanzar en una reforma integral, un tema fundamental si se tiene en cuenta que en la Argentina hay alrededor de 7.7 millones de personas que alquilan y que los precios se dispararon producto de la especulación inmobiliaria y la falta de controles del Estado.

La reforma comenzó a debatirse esta semana en Diputados, donde oficialismo y oposición presentaron una batería de proyectos para cambiar la ley vigente, que otorgaba más derechos a inquilinos pero provocó un fuerte rechazo de propietarios e inmobiliarias. Hoy conseguir una vivienda para alquilar se volvió una pesadilla en los grandes centros urbanos del país por los precios, las condiciones y la baja oferta.

Al caer la oferta – inmobiliarias y propietarios se quejan de la baja rentabilidad – los precios tienden a subir, regla de la economía.

La papa caliente está en tres cuestiones:

• Cómo hace el Estado para garantizar el acceso a una vivienda digna cuyo precio no represente dejar el sueldo entero y la vida todos los meses. Para Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados, este aspecto es central. “Hay que regular el precio inicial, las renovaciones llegan con subas de hasta 150 %”, grafica.
• De qué forma se limitan abusos que sufren inquilinos en el día a día, desde cobros extra de comisiones hasta dificultades con las garantías y problemas para pagar mediante transferencias bancarias en lugar de hacerlo en efectivo.
• Incentivar (mediante beneficios impositivos) a que propietarios e inmobiliarias vuelquen al mercado viviendas que hoy están vacías o a la venta, lo que permitiría contener los precios.

Por un lado, desde el Frente de Todos José Luis Gioja impulsa una reforma con tres ejes:

• Fijar topes del 10 % de aumento sobre valores actuales para la renovación de contratos; y del 20 % para nuevos contratos.
• Facilitar el acceso (y el costo) de las a garantías, pero también las condiciones: inmobiliarias y propietarios deberán aceptar a monotributistas sin tanto escándalo, por ejemplo.
• Para propietarios, habrá beneficios impositivos tanto en Ingresos Brutos como en el pago de Bienes Personales.

Pero la clave, sin dudas, es que el proyecto incorpora dos cuestiones básicas: por un lado, avanzar en un plan de construcción de viviendas estatal destinado a alquileres y gestionado por el Estado – en 2021, Berlín expropió más de 200 mil viviendas para destinar a viviendas y garantizar la sostenibilidad de los precios -. Por el otro, el impuesto a la vivienda ociosa, esencial para frenar la especulación inmobiliaria. Este punto ya fue enérgicamente rechazado por las cámaras inmobiliarias.

La propuesta del macrismo

El diputado Alberto Asseff propuso:

• Que los aumentos se actualicen de forma anual con una fórmula que combine inflación y el Ripte (la evolución de los salarios).
• Que los inquilinos no paguen de depósito cifras mayores a un mes de alquiler por cada año de contrato.
• Que los propietarios que vuelquen viviendas al mercado tengan una deducción del impuesto a las Ganancias y exención del impuesto al Sello.
• Agilizar, a través de un marco legal, la posibilidad de desalojar a los inquilinos en casos de ocupación de vivienda.

Finalmente, el otro gran actor son las inmobiliarias: en un documento, este lunes reclamaron volver al sistema de contratos por dos años, en lugar de tres, y permitir que las partes definan plazos y actualización de precios. O sea, libertad absoluta de mercado.

Casi como el ultimátum que recibe un inquilino al enterarse de un aumento o el fin de un contrato, para sumarle intensidad al asunto la oposición advirtió que si en 30 días no hay reforma a la ley de Alquileres, pedirán la urgente derogación de la actual norma.