Ley de Humedales: se viene un debate caliente

Punto Panorámico

20 de septiembre de 2022

Luego de una década de demora y en medio de una crítica situación ambiental con incendios que destruyen ecosistemas y ciudades enteras que se vuelven irrespirables por la presencia de humo, esta semana el Congreso comenzará a debatir la ley de Humedales en un plenario de comisiones donde se buscará consenso entre el oficialismo y los bloques opositores para avanzar en un texto que logre unificar los diez proyectos presentados en el último año.

El tratamiento de la ley de Humedales llega en un contexto adverso. Este fin de semana hubo masivas protestas en la ciudad de Rosario y en la provincia de Entre Ríos de organizaciones ambientales y vecinos que exigen un fin a los incendios intencionales ecosistemas fundamentales para el desarrollo humano.

La situación se agravó en los últimos años, con focos activos en todo el país, originados con fines productivos (quema de pastizales, preparar los campos para la siembra y más actividad ganadera o limpiar terrenos para actividades inmobiliarias), y ya no se trata sólo de incendios accidentales que se van de control en épocas de altas temperatura y falta de lluvias, como ocurría en otros tiempos. Ahora se repiten cada pocos meses, siempre en zonas similares y de forma intencional: según datos del Ministerio de Ambiente, el 95 % de los focos son originados por la acción humana. La sequía que golpea a varias provincias es un agravante.

A la grave situación que se vivió en el Litoral en los últimos meses (en Corrientes las llamas arrasaron entre enero y febrero más de un millón de hectáreas, según datos del INTA y en el último mes y medio se quemaron más de un millón de hectáreas en las islas del Delta del Paraná, en Entre Ríos y Buenos Aires, Córdoba atraviesa una situación dramática por estas semanas en la zona del Valle de Traslasierra. En Jujuy también adquirieron protagonismo las llamas. Y en el verano se repitieron los incendios en la Patagonia, sobre todo en Río Negro y Chubut.

Una ley de Humedales, la urgencia ambiental

En este contexto, el debate por la ley de Humedales – impulsada desde 2013 por distintas agrupaciones – aparece como una de las grandes urgencias ambientales del momento. El tema fue eje de la campaña del Frente de Todos, y aunque el gobierno había prometido que se debatiría, el proyecto que había logrado algunos avances perdió estado parlamentario en 2021. Ahora, se busca lograr un consenso en los diez proyectos del oficialismo y la oposición y no se descarta que se emita dictamen este mismo jueves.

El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, había prometido meses atrás que se discutiría la ley, e incluso que el Ejecutivo mandaría el proyecto. Hasta ahora eso no sucedió. El debate se hará en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que conduce Carlos Heller; de Recursos Naturales, que presidente Leonardo Grosso; y de Agricultura y Ganadería, a cargo de Ricardo Buryaile. Aunque cada iniciativa tiene puntos específicos, el eje gira en torno a cómo se protegen espacios fundamentales para el medioambiente. En Juntos por el Cambio, donde todavía no hay consenso y hay demasiadas críticas, se buscará que esa protección no vaya contra los agronegocios y las actividades inmobiliarias.

El objetivo del Frente de Todos es sancionar una ley que preserve los 600 mil kilómetros cuadrados de humedales que tiene la Argentina. Uno de los más grandes es el del Delta del Paraná, clave por su tamaño pero también por tratarse de una importante reserva de agua dulce.

Además de cómo se preservan y destinar presupuesto, otro de los ejes es limitar qué actividades productivas se pueden realizar en cada área en la que funcione un humedal. No es un punto menor, ya que podría establecer costosas multas para quienes violen la normativa, pero además le podría otorgar al Poder Judicial otras herramientas de persecución a quienes cometen los delitos, sobre todo porque podría identificarse con mayor facilidad que en la actualidad quiénes son los propietarios de las tierras afectadas.

El lobby

En la Argentina, los humedales representan cerca del 22 por ciento del territorio. Por eso, los proyectos consideran que la clave, en primera instancia, es hacer una suerte de “inventario” para definir en qué estado se encuentran y definir qué tipo de actividades se pueden realizar, tanto productivas como inmobiliarias. En el caso del agro, se podría definir, en base a estudios, cuál es la carga ganadera adecuada. Además, hay otras actividades que definitivamente quedarían prohibidas.

En este contexto, el lobby de diversos sectores empresariales aparece como una de las grandes batallas. Un primer avance se logró en 2020, cuando el Congreso sancionó la ley de Manejo del Fuego, que entre otros aspectos prohíbe la venta y el cambio de uso de tierras incendiadas por plazos de 30 a 60 años, según el tipo de terreno y el origen del incendio, que ya había desatado una fuerte reacción de sectores vinculados al agro, como la Sociedad Rural y la Mesa de Enlace.

El rechazo también es apalancado por grandes desarrolladores inmobiliarios y empresas mineras, bajo el argumento de que una ley de Humedales paralizaría e impediría producir.

Pero no son los únicos: por caso, las provincias ganaderas por excelencia o que tienen grandes negocios con megamineras son las que más se oponen (Entre Ríos, cuyo gobernador, Gustavo Bordet, tuvo hace pocos días un enfrentamiento público con Juan Cabandié por los incendios en el Delta y que, según relatan desde el Ministerio, se niega a aportar información a la Justicia para esclarecer los incendios). En el caso de San Juan, donde una de las principales actividades es la minería, la nueva legislación podría establecer límites más firmes para el desarrollo de la actividad.

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