• En agosto pasado, la utilización de la capacidad instalada en las industrias argentinas trepó al 69,5 por ciento. Fue el nivel más alto, no sólo desde el parate casi total que hubo en 2020 por la pandemia de Covid: fue el mejor dato desde 2017.

• En el segundo semestre de 2022, la desocupación cayó al 6,9 por ciento, el índice más bajo desde 2016.

• La actividad económica acumula cinco trimestres consecutivos de crecimiento y en agosto tuvo un alza del 6,4 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado.

Estos tres datos que sin lugar a dudas podrían ser analizados con optimismo y defendidos con vehemencia públicamente por el Gobierno chocan con uno de los datos más preocupantes de la economía argentina: la inflación. Este martes el Indec dará a conocer el dato de octubre, que las consultoras ya proyectan otra vez en alza, tras dos meses de caída. Ahora, pronostican que será del 6,5 por ciento, frente al 6,2 por ciento de septiembre.

El gobierno en su laberinto

En un año marcado por la recesión y la crisis a nivel mundial por los efectos producidos por la guerra en Ucrania, la Argentina crecerá cuatro puntos, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, la alta presión inflacionaria, sobre todo en el precio de los alimentos y otros productos y servicios esenciales, se lleva cualquier posibilidad de crecimiento con distribución.

Por ahora el gobierno no logró saldar una discusión que no parece para nada menor en este contexto: ¿se debe crecer y luego distribuir o distribuir mejor la riqueza en los sectores más perjudicados para, finalmente, empujar el crecimiento?

La puja al interior del Frente de Todos sobre pagar un bono o una suma fija es central en este aspecto: mientras que la vicepresidenta Cristina Kirchner apunta al pago de una suma fija que se incorpore al salario de forma permanente, el presidente Alberto Fernández confirmó durante su gira por Europa que será un bono de fin de año, que se pagará por única vez y no se incorporará a los sueldos.

El argumento es que una suma fija podría afectar las cuentas de los municipios y comercios, que según los datos que manejan en el Gobierno concentran alrededor del 60 % de los sueldos inferiores a 100 mil pesos. Una solución válida sería dejar a los estatales y municipales afuera, como ya ocurrió con la suma fija que se pagó en enero y febrero de 2020. Por ahora, resta definir de cuánto será el monto del bono, que según versiones treparía a 45 mil pesos.

El optimismo sin voceros

Los tres datos que encabezan esta nota bien podrían encarnar la defensa del gobierno sobre un presente económico que lejos está de ser el más óptimo, pero que tampoco es el caos y desbarajuste total que busca instalar la derecha. Es cierto que el internismo permanente en el que conviven las diversas patas del Frente de Todos no colabora a la hora de defender un gobierno que está a un mes de cumplir su tercer año y llega gastado y muy golpeado hacia adentro y afuera.

Sin embargo, desde el gobierno son pocos los ministros que salen a defender día a día la gestión, incluso en áreas que encabezan, sin contar los pifies de la comunicación que, a esta altura, ya son patológicos: la vocera Gabriela Cerruti acumula errores forzados extremos, en un área que debiera dominar. Cada semana que pasa se suma una nueva controversia y las quejas en un sector del Frente de Todos ya no se esconden.

Tampoco se queda atrás la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, quien este domingo en una entrevista con Canal 9 blanqueó algo que probablemente piensen muchos argentinos: primero hay que ganar el Mundial y luego bajar la inflación. El asunto es que la ministra debe ocuparse de enfrentar la puja distributiva que, entre otros factores, hace que suban los precios.