Cuando el radicalismo asumió el gobierno en el año 1983 tuvo que lidiar con el Ejército heredado de la dictadura militar, por lo que tendría que aprender a ir a fondo con algunos de sus proyectos de cambio en la esfera militar y a ceder en algunos otros. Desde el comienzo buscaría reducir el presupuesto del Ejército, “esquivar” a los oficiales más comprometidos con la represión y lidiar con militares cuya lealtad por momentos era más que dudosa. A la par el gobierno buscaría esclarecer la violación sistemática de los derechos humanos y juzgar a figuras paradigmáticas pero evitando enemistarse con las Fuerzas Armadas. Cuando la justicia civil accionara de forma autónoma con sus propios tiempos e intereses el gobierno vería como su estrategia de campaña de castigo selectivo se caería a pedazos y con ella una de las premisas de su vínculo con el Ejército.

El 29 de mayo es el día del Ejército en nuestro país y en el marco de ese aniversario es interesante ver a este actor social en acción en una coyuntura histórica donde cumpliría un rol sumamente relevante. Es por eso que pondremos el foco en la década de los ochenta.

El 30 de octubre de 1983 se celebraron las elecciones presidenciales y la fórmula de la Unión Cívica Radical con Raúl Alfonsín a la cabeza se impondría sobre la fórmula del Partido Justicialista que llevaría como candidato a Ítalo Luder, lo que a partir del 10 de diciembre significaría el retorno de la democracia luego de la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Una vez que Alfonsín asumiera comenzaría a trabajar con un elemento central para el afianzamiento de la democracia y ello sería la “cuestión militar”. El interrogante era qué hacer con los militares. La UCR había llevado su campaña electoral pregonando la necesidad de juzgar la represión perpetrada durante el Proceso de Reorganización Nacional a partir de un esquema de “tres niveles de responsabilidad”, donde se distinguía quienes habían dado las órdenes, quienes las habían cumplido y quienes se habían “excedido”. Se trataría de juzgar a los principales responsables con vistas a lograr disuadir a distintos sectores de futuras vulneraciones del régimen democrático y también para esclarecer lo acontecido. Para lograrlo se llevaría a cabo la derogación de Ley de Pacificación Nacional sancionada el 24 de septiembre de 1983 por una dictadura militar en retirada. La ley básicamente otorgaba inmunidad a todos los miembros de las Fuerzas Armadas por crímenes cometidos entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982 y sería derogada por una votación parlamentaria el 29 de diciembre de 1983. A la par el Congreso sancionaría la ley de Reforma del Código Militar el 9 de febrero de 1984 por medio de la cual en esencia se le quitaban los “fueros” o privilegios a los militares para el juzgamiento de sus crímenes en el marco del terrorismo de Estado que aunque tenían una primera instancia en la justicia militar podían ser apelados o incluso tomados por los tribunales civiles si se consideraba que aquellos no avanzaban en el procesamiento.

Volveremos sobre los juicios a los militares pero ahora vamos a enfocarnos en cómo accionaria el gobierno en su búsqueda de redefinir las relaciones civiles-militares y en su intento de subordinar a los uniformados al gobierno constitucional. Para intentar lograrlo el rol del Ministerio de Defensa adquiriría centralidad, por lo que la cartera estaría a cargo de alguien del “riñón” de Alfonsín, alguien de estrecha confianza como lo era Raúl Borrás (juntos fundaron Renovación y Cambio dentro de la UCR). Entre las primeras decisiones tomadas se encuentra la eliminación de la figura de Comandante en Jefe del Ejército. Esto con vistas a re-alzar la figura del Presidente como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. A partir de ese momento a la cabeza de la fuerza estaría el Jefe de Estado Mayor. Éste se subordinaba al Ministerio de Defensa, que se convertía en su interlocutor directo. Luego de la desarticulación del puesto de Comandante en Jefe se decidiría la designación de generales, lo que involucraría una considerable “purga” de generales en actividad heredados del Proceso. Entonces se revisaría lo actuado por los oficiales en posición de ascender (a generales y puestos inferiores en la jerarquía) y se descartaría aquellos demasiado involucrados en la represión durante el gobierno dictatorial. En lo que se refiere a los números, de los 53 generales que estaban en funciones al comenzar el gobierno de la UCR habrían pasado a retiro unos 35, quedando solo 18. El Jefe de Estado Mayor General del Ejército designado el 16 de diciembre de 1983 sería el General Jorge Arguindegui quien tenía simpatías con el peronismo y cuya designación buscaba demostrar que se priorizaba la aptitud profesional por sobre la preferencias políticas personales.

A la par el gobierno quería ir más allá de estos cambios en la esfera militar y constituir una reforma. Sin embargo como señala el investigador Ernesto López en su libro “El último levantamiento” no lograría una reforma ya que en vez de transformaciones integrales lo que predominarían serían una serie de cambios desarticulados e inconexos. Por un lado el oficialismo bajaría el sideral gasto dedicado a la esfera militar, que pasaría de un 4.3% del PBI en 1983 a un 2,3% en 1984. El problema es que ello no fue acompañado con una reestructuración del área donde se manejara los recursos de forma racional y eficiente; simplemente se mantuvo la estructura de las FFAA “procesistas” pero con un presupuesto que era 42% menor. Entonces con una partida presupuestaria reducida se volvería muy dificultoso solventar los gastos del Ejército ya que para el año 1987 los sueldos consumían el 63% del presupuesto, quedando el restante 37% para la reposición del parque, mantenimiento de vehículos, adquisición de armamento, entre otros. A la reducción del presupuesto se le sumarían gestos como la disolución del I Cuerpo del Ejército (simbólicamente muy atado a la represión durante la dictadura) y la colocación de la histórica Fabricaciones Militares bajo control civil, pero que no hacían a un cambio de raíz. El gobierno terminaría renunciando a la conducción política del proceso de reforma y cedería la posibilidad de realizarla a las propias FFAA, lo que no se condecía con la búsqueda de redefinir las relaciones cívico-militares ni con el intento de subordinación castrense.

En lo que se refiere a la gestión de Arguindegui en la Jefatura de Estado Mayor ésta no empezaría de la mejor manera ya que en su acto de asunción demostraría cierta admiración hacia ex comandantes del Ejército procesistas lo que no sería bien recibido por el gobierno. En otro aspecto como señala Daniel Mazzei historiador experto en el Ejército en su artículo “La primera crisis militar…” el año 1984 fue intenso para la cartera de Defensa, ya que involucraría la detención de los miembros de las primeras Juntas Militares, el recorte presupuestario de las FFAA, el retraso en la aprobación de los ascensos en el Congreso de oficiales superiores para revisar si estaban “embarrados” en la violación de derechos humanos, la crítica que empezaría a realizar el generalato hacia el jefe de la fuerza, entre otros factores. Por todo esto la figura de Arguindegui se desgastaría con suma rapidez. Como parte de una ineludible tensión el 2 de julio los medios hicieron trascender una presunta declaración del Jefe de Estado Mayor que hablaba del intento de algunos generales para desestabilizarlo para así poder avanzar sobre el Poder Ejecutivo Nacional. Estas versiones difundidas por Arguindegui sobre un presunto operativo pre-golpe generaron malestar en el gobierno y serían desmentidas ese mismo día por Borrás. Dentro de la tensión entre el Jefe del Ejército y ciertos generales comenzaría a despuntar la figura del Comandante del III Cuerpo del Ejército, el General Pedro Pablo Mansilla. Éste representaba la línea dura del Ejército, y se destacarían sus declaraciones inadecuadas y su respaldo hacia actitudes polémicas de sus subordinados. Esto generó que el Ministerio de Defensa le pidiera al Jefe de Estado Mayor que sancionara al Comandante del III Cuerpo. Por tanto Arguindegui le pidió el retiro a Mansilla y este se negó. Enterado de esto el Ministro de Defensa Borrás convocaría directamente a Mansilla y le pediría el retiro, para luego hacer lo mismo con el propio Arguindegui quien ya no podía resolver los conflictos internos del generalato ni imponerse ante sus subordinados. El Ministro de Defensa aprovecharía la situación para pasar a retiro a los generales Mario Cammisa y Julián Capanegra opuestos a ciertos cambios motorizados por la gestión radical en materia militar, como el control civil sobre el complejo militar-industrial. En reemplazo de Arguindegui sería designado el general Ricardo Pianta quien fuera caracterizado como “un profesional sin ninguna connotación política” y entre otras designaciones se destaca la del General Héctor Ríos Ereñú al mando del III Cuerpo. Toda esta situación redundaría en el fortalecimiento de la autoridad del Ministro de Defensa quien no estaría dispuesto a desempeñar el tradicional papel decorativo que habría estado asociado a su cargo. El ministro entendería que esta sería la primera de varias crisis como destacaría luego de estos episodios: “Esta es la transición. Nos tenemos que acostumbrar a que el ejercicio de la democracia va enfrentándose a situaciones como ésta, y a que en determinados momentos hay que producir algunos cambios, ya sea en el Ejército, en alguna otra fuerza, o en el ámbito civil” (La Nación, 6 de julio de 1984).

En el medio de todo esto en abril de 1985 se comenzaría a hablar de intentos desestabilizadores en el marco del inminente comienzo de los juicios a ex procesistas en los tribunales civiles. Además hubo cambios en el área de Defensa ya que Borrás (gravemente enfermo) sería reemplazado por otro hombre cercano a Alfonsín, Roque Carranza. El liderazgo del Jefe del Ejército Pianta habría sido virtualmente desconocido por varios generales en una reunión con él llevándolo a su retiro en marzo de 1985. Su reemplazo sería Ríos Ereñú el cual apelaría a aceptar la “batalla legal” (osea los juicios) como único camino para reinsertar a las FFAA en la sociedad, aunque también fomentaría la asistencia jurídica a los que fueran sometidos a ella, reivindicaría la “guerra contra la subversión” y daría a entender tras bambalinas que para el final del gobierno radical Alfonsín le daría una “solución política” (amnistía) a los procesamientos penales. En lo que se refiere a los intentos desestabilizadores un cable secreto de la CIA enviado el 12 de abril a la Secretaria del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos hablaba de la formación de un «´gabinete de crisis´ [que] decidió (1) elaborar una estrategia para tratar de influir en el presidente y el Congreso para que tomen decisiones favorables al Ejército, y (2) establecer un Comando Operativo Táctico (COT), con tres subgrupos, para presionar a la administración”. Habla también de la intención de perpetrar “actividades desestabilizadoras” (como atentados), donde se menciona al General Pascual Guerrieri, los Coroneles Luis Córdoba y Ricardo Palmieri, entre otros. No se sabe si realmente existió el COT o si hubo un intento de presión efectivo, lo que sí se sabe es que Alfonsín denunciaría un intento de golpe por cadena nacional y llamaría a la movilización a Plaza de Mayo (donde hablaría de que el país se encontraba en “economía de guerra”). También es cierto que se producirían doce detenciones, entre las que estaría Guerrieri, que se lo pasaría a retiro y que a algunos de estos doce hombres se le daría la opción de salir del país.

En ese marco las relaciones entre civiles y militares recibirían un gran impacto con el procesamiento de las ex Juntas Militares por “tribunales ajenos”. Como parte de la Reforma del Código Militar el gobierno alentaría el juzgamiento de los militares por parte del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Con ello buscaba lo que la politóloga Catalina Smulovitz en su artículo “Militares en la transición argentina…” denominó “autodepuración” que involucraba el autojuzgamiento de los militares sancionando a los principales responsables de la represión, lo que permitiría al resto integrarse a la nueva etapa que se abría. Lo cierto es que la gestión del Consejo Supremo quedaría en la nada por lo que la Cámara Federal de Buenos Aires se haría cargo e iniciaría el famoso “Juicio a las Juntas”. Así se resquebrajaría la estrategia del gobierno de autodepuración que buscaba despacharse rápidamente el tema. El juicio comenzaría el 22 de abril de 1985 y terminaría el 9 de diciembre con una sentencia a prisión perpetua al General Jorge Rafael Videla y al Almirante Emilio Massera, al General Viola a 17 años de cárcel, entre otras condenas a destacar. El juicio habilitaría el pleno despliegue de la lógica judicial que permitiría trasformar los datos de la historia en pruebas, produciría información legítima y terminaría siendo de suma importancia en la elaboración del juicio histórico y político del Proceso. En estrecho contacto con el informe de la CONADEP de 1984 el juicio permitirá cambiar la percepción sobre la represión estatal durante la dictadura, hasta ese momento considerada como legítima por amplios sectores de la sociedad. El precedente que sentaría el “Juicio a las Juntas” sería de suma importancia al fomentar en su famoso punto 30 la continuación del “enjuiciamiento de los oficiales superiores que ocuparon los comandos de zona y subzona” descendiendo así en la escala jerárquica. Esto constituiría el posicionamiento del Poder Judicial como actor autónomo, que seguiría reglas distintas a las del juego político partidario, lo que sería una pesadilla para el gobierno y su pretensión de evitar el procesamiento masivo de miembros de las FFAA materializado en su eslogan “toda la verdad y algo de justicia”. Por tanto el gobierno alteraría su lógica discursiva apologética de la ética de la democracia para priorizar un pragmatismo político ya que entendía que incrementar el número de procesados militares podría llegar a complicar y tensionar los vínculos civiles-militares imposibilitándolo de dejar en el camino el delicado tema de la violación de los derechos humanos. Estos fueron algunos de los obstáculos que atravesaría el gobierno civil en sus vínculos con el Ejército a partir de la restauración democrática, obstáculos que en los años posteriores serían mucho más pronunciados.

Mariano Agüero