​Durante la última dictadura militar la represión se concretaría por medio de un proyecto a nivel nacional pero que contaría con múltiples variaciones de una región a otra. En el sur de la provincia de Buenos Aires, puntualmente en la ciudad de Bahía Blanca, como a lo largo de la Patagonia (Neuquén, Río Gallegos, Ushuaia) el proyecto represivo se efectivizaría de forma distinta al clásico esquema conocido a partir de los Centros Clandestinos de Detención y Exterminio, cuyo paradigma es la ESMA. Al analizar una serie de localidades dentro de la jurisdicción del V Cuerpo del Ejército se percibirá la particularidad de la represión local motorizada por el llamado Centro de Detención Clandestino.

El 24 de marzo de 1976 se produciría un golpe de Estado y el Proceso de Reorganización Nacional de Videla, Massera y Agosti se instauraría en el poder. Se institucionalizaría la desaparición sistemática de personas, que serían catalogadas como “subversivos”. Los militantes populares serían secuestrados e ingresados a los Centros Clandestinos de Detención y Exterminio (CCDyE) donde se torturaría y desaparecería a miles.

Para poner en práctica el proyecto represivo se dividiría el país en cinco Zonas de Defensa estructuradas en función del I, II, III y V Cuerpo del Ejército más los Institutos Militares. A su vez cada zona se dividiría en subzonas y éstas en áreas. El foco del esquema represivo se pondría en las grandes ciudades, consideradas como “zonas calientes” debido a la considerable actividad militante que había en esos espacios. Las regiones que no estaban dentro de esta categoría no ocupaban un lugar prioritario dentro de los planes del Proceso. Más allá de esto cada zona y subzona tenía la autonomía para diagnosticar su situación particular y accionar en consecuencia.

Es a partir de esto que se puede pensar en la realidad particular que adquiriría la represión en la Zona de Defensa 5, que estaba a cargo del V Cuerpo del Ejército. Debemos decir que tenía asiento en Bahía Blanca y que al momento del golpe estaba a cargo del General Osvaldo Azpitarte. Abarcada los partidos del sur de la Provincia de Buenos Aires y toda la Patagonia. En cabecera de la Zona 5 la represión sería aguda y estaría anclada en centros de exterminio “tipo ESMA”, ya que Bahía Blanca estaba dentro de las consideradas “zonas calientes”.

Sin embargo, en espacios marginales según el esquema represivo la represión se motorizaría a partir de los llamados Centros de Detención Clandestinos (CDC). Emplazados en lugares públicos su clandestinidad pasaría por las prácticas de los represores. Iremos trabajando sobre su dinámica al analizar la represión en Bahía Blanca, Neuquén, Río Gallegos y Ushuaia.

En lo que se refiere a la ciudad de Bahía Blanca debemos decir que se encontraba en la subzona 51 que compartía con diversos partidos bonaerenses y con algunos departamentos rionegrinos. La historiadora María Lorena Montero, especialista de la región, considera que la estructura represiva en Bahía Blanca estaría conformada por un sinfín de espacios de encierro, que iban desde unidades penitenciarias, lugares transitorios de encierro, espacios públicos de distintas dependencias a Centros Clandestinos de Detención y Exterminio.

Si pensamos en espacios públicos utilizados con fines clandestinos, es decir, Centros de Detención Clandestinos (CDC) podemos pensar en las instalaciones de Prefectura Bahía Blanca de Ingeniero White (localidad que forma parte de la Gran Bahía Blanca, conurbano de la ciudad). Su actividad más intensa se vería en las primeras semanas del golpe, por donde pasarían gremialistas ligados a la actividad portuaria. Este era un CDC en tanto se trataría de un espacio público y sirve para ejemplificar claramente las características de espacios como este. Allí los detenidos solían tener conocimiento de donde se encontraban (de hecho allí habían tramitado su credencial de ingreso al puerto), se los registraba en “libros de detenidos” (donde figura datos de detenido, motivo de detención, próximo destino).

Los captores tampoco procuraron que su identidad fuese un secreto, lo que homologa este espacio de encierro a situaciones estándares de detención en organismos de seguridad. En otro sentido no faltaban distintas formas de atropellos por lo que en este espacio había un difuso límite entre lo visible y lo clandestino, lo que es un atributo de un CDC.

Respecto de los CCDyE en la ciudad debemos destacar a “La Escuelita”, el centro clandestino más grande de toda la Zona 5, emplazado en la misma jurisdicción del V Cuerpo del Ejército. Allí los detenidos-desparecidos se encontraban encapuchados, en pésimas condiciones de higiene y sufrirían la práctica sistemática de la tortura, ejercida por expertos en tácticas de contrainsurgencia como lo eran los miembros del Destacamento de Inteligencia 181. Se estima que por allí pasarían cientos de personas y que funcionaría entre marzo de 1976 y julio de 1977. Este centro de exterminio era el más importante de la Zona 5, por lo que arribarían cientos de militantes populares de las distintas regiones de la zona, por lo que se entiende el hecho de que la mayoría de los militantes que pasarían por allí continúan desaparecidos.

Respecto de Neuquén hay que decir que se encontraría dentro de la Subzona 52 y que allí la realidad sería muy distinta de la bahiense. La Subzona 52 se componía por la provincia de Neuquén y seis departamentos rionegrinos como General Roca, El Cuy, Bariloche, entre otros. A diferencia de Bahía Blanca este espacio no estaba dentro de las consideradas “zonas calientes”.

Sin embargo las autoridades de la Subzona 52 harían uso de su autonomía y desplegarían una violencia política considerable para la realidad de la región. Se complementarían las unidades penitenciarias, los lugares públicos de encierro y los Centros de Detención Clandestina y los de Exterminio. Los CDC ocuparían aquí un lugar de suma relevancia dentro del esquema represivo local, y si se los deja de lado para observar solamente los CCDyE no puede entenderse completamente la dinámica del proceso represivo.

En función de esto los espacios públicos adquirirían un lugar central en el proceso represivo. Espacios plagados de situaciones clandestinas, ya que la tortura fue sistematizada en comisarías, regimientos, etc. Se puede destacar el rol de la Delegación de la Policía Federal en la ciudad de Neuquén. Como plantea el historiador Pablo Scatizza en su artículo Un Comahue no tan frío la PFA ejercería una función determinante en la Subzona 52 desde el primer momento de la represión, entre marzo y junio de 1976, y continuó ejerciendo un rol considerable hasta 1978. Se encontraba un escalón más arriba que espacios de encierro de las policías provinciales de la subzona.

Su accionar conllevaba un grado de autonomía que involucraba la práctica de Inteligencia (con lo importante que era ello para los planes del Proceso) y la disposición sobre el destino final de las víctimas (sea su traslado a otro espacio, liberación o desaparición), sin un control cercano del Ejército, como le sucedía a policías provinciales. Empero con la instauración del CCDyE llamado “La Escuelita” en la ciudad de Neuquén esta situación se modificaría, al adquirir ella un lugar hegemónico en la práctica represiva. “La Escuelita” funcionaría entre junio de 1976 y 1978 y por ella pasarían decenas de víctimas. Funcionaría exclusivamente bajo control militar y tenía un funcionamiento “estándar” de los centros de exterminio, por lo que no ahondaremos sobre su dinámica.

El saldo de la represión en Neuquén y en algunas localidades aledañas durante el pico represivo del Proceso (1976-1978) sería de más de treinta personas desaparecidas y cerca de ciento veinte que habrían sufrido secuestros y torturas. Esta represión sería el resultado de que las autoridades locales se trazaron objetivos propios, distintos de los que las autoridades nacionales tendrían para la región.

Si nos trasladamos al espacio meridional de la Patagonia podemos pensar sobre realidades muy distintas. Hay que decir que a principios del golpe el sur patagónico se encontraba dentro de la Subzona 53 y que la comandancia estaba en la Brigada de Infantería IX con base en Comodoro Rivadavia. Estaba a cargo del General Cristino Nicolaides. En esa jurisdicción se encontraba la ciudad de Río Gallegos que se hallaba en una marginalidad total según los planes del Proceso. Allí la percepción de las autoridades locales sobre el despliegue subversivo no desentonaría con el proyecto nacional como sí ocurriría en Neuquén. El sometimiento de la militancia se perpetraría de la mano de los Centros de Detención Clandestinos.

Si en Neuquén estos ejercían un rol protagónico, en Río Gallegos directamente tendrían un lugar exclusivo, ante la ausencia de centros de exterminio. Allí serían los espacios públicos, que mantenían sus actividades normales, los que serían el lugar donde se desplegaría la violencia institucional. Esa función sería ejercida por la Comisaría Nº 1 de Río Gallegos donde se maltrataba prisioneros sin alterar la rutina de la delegación policial. En Río Gallegos también habría persecución política y gremial, censura de prensa, proscripción de los derechos constitucionales aunque por supuesto acorde a una escala muy distinta de los grandes centros urbanos.

Aquí el “poder desaparecedor” aunque escaso se aplicaría, pero sin necesidad de recurrir a CCDyE. En Río Gallegos desaparecerían tres personas, en lo que diez santacruceños serían desaparecidos en las “zonas calientes” del país. Respecto de esas tres personas desaparecidas sus nombres son Pedro Llorente Serrano que sería detenido por la Policía Federal el 13 de agosto de 1977. Juan Carlos Rosell, quien era militante de la Juventud Peronista y habría sido secuestrado en 1976. Y por último Miguel Ángel Hoyos, que era conscripto en la Base Naval de la ciudad de Ushuaia y que al finalizar su servicio sería separado de sus compañeros en su vuelo de regreso a Buenos Aires, aparentemente en el Aeropuerto de Río Gallegos el 3 de julio de 1977 según los datos que aportaron testigos a la familia: “Subieron dos personas vestidas de civil que lo separaron de los otros conscriptos y en Río Gallegos dos individuos más que lo custodiaron, tal lo que dijeron sus compañeros”.

Resta trabajar sobre los aspectos esenciales del proceso represivo en la ciudad de Ushuaia, que como toda la Isla Grande estaba bajo la égida de la Armada, debido al peso histórico que ella tendría en el territorio fueguino.

En Tierra del Fuego la jurisdicción militar a cargo de la isla era el Área Naval Austral y tenía a su cargo la custodia marítima y el control aeroportuario, así como varias instituciones como el Hospital y Base Naval, entre otros. Al momento del golpe estaba bajo la comandancia del Contraalmirante Norberto Bonesana. Si comparamos este espacio con Río Gallegos se licuaría aún más el esquema represivo ya que además de no haber CCDyE “clásicos” (como en Río Gallegos) en Ushuaia tampoco habría desaparecidos. Ello no quiere decir que “no pasó nada”, en todo caso pasaron cosas, en su justa medida.

Los espacios de encierro utilizados por los represores serían una delegación de la Policía Territorial (actual Comisaría 1º) y la Antigua Casa de Gobierno que durante la dictadura funcionaría como Jefatura de la Policía. Estos funcionarían como CDC en tanto espacios públicos y como nos comenta una ushuaiense, quienes eran detenidos tenían conocimiento de su localización y podían ser trasladados de un lugar a otro, incluso “a punta de bayoneta” en plena vía pública lo que marca que las operaciones eran ilegales pero visibles.

El grueso de la práctica represiva tendría lugar en los primeros meses del golpe (marzo-junio). Los marinos saldrían a las calles a partir del 24 de marzo, lo que se vería en su ocupación de edificios públicos. En algunos casos hombres y mujeres serían revisados y desvestidos y algunos serían detenidos, como sucedería en Vialidad Nacional. Como destacan Gabriela Fernández y Mariano Malizia en su artículo Antiguos pobladores de Ushuaia cuando a una trabajadora de Vialidad, Angélica Cisterna, se le preguntara por los acosados por el poder diría que “[a los] gremialistas los llevaron a la Base, los llevaron detenidos (…) Y a ellos no los vimos por un tiempo, nadie sabía nada…no podíamos comunicarnos” siendo liberados semanas más tarde.

Por otro lado como plantea Bernardo Veksler en su libro Rebeliones en el Fin del Mundo a ello se le suma el congelamiento de cuentas bancarias de las obras sociales, la disolución de la CGT, la detención de referentes gremiales como Dionisio Juárez (SUPE) y Rodolfo Canalis (ATE) el 25 de marzo. En otro sentido los militares acosarían a la población chilena en los albores del Conflicto del Beagle del año 1978, donde se incrementaría la presencia militar en Ushuaia, se despediría a chilenos de sus puestos en Obras Sanitarias, Vialidad Nacional, algunos serían desalojados de sus casas y serían acusados de colaborar con el régimen militar de Chile. Entonces sindicalistas y miembros de la comunidad chilena serían acosados, despedidos, militantes serían encerrados y vigilados, lo que implica una represión acotada pero existente aunque sin recurrir al “poder desaparecedor”. Eso sí, hay que destacar que hubo cinco fueguinos desaparecidos en las grandes ciudades.

En este recorrido por cuatro espacios geográficos, por cuatro realidades históricas y represivas distintas vimos como operaría el poder. Como en “zonas calientes” (Bahía Blanca) la dictadura aplicaría su poder desaparecedor sin más y como a medida que nos alejábamos del centro del esquema represivo y nos colocábamos en regiones apartadas este “poder desaparecedor” de los centros de exterminio comenzaba a aminorarse o a combinarse con espacios de control con lógicas distintas como los CDCs (Neuquén), hasta prácticamente esfumarse (Río Gallegos) o hasta brillar por su total ausencia (Ushuaia) caso último en que la represión sería más bien de carácter “correctiva”, aunque real y concreta.

Mariano Agüero