En un contexto de aguda crisis económica y con la inflación acercándose al 100 por ciento anual, el Gobierno adelantó que estudia el pago de un bono extraordinario para dos millones de personas que se encuentran una situación vulnerable. Con la conflictividad social en aumento, un sector de la CGT le marcó la cancha al presidente Alberto Fernández y exigió medidas concretas para los trabajadores y para frenar con la especulación de los formadores de precios, en línea con un planteo público de Cristina Kirchner a Sergio Massa, que la próxima semana cumplirá dos meses como superministro de Economía.

Conflictividad social, piquetes y reclamos

Esta semana las organizaciones sociales y los movimientos piqueteros volvieron a salir a las calles con un masivo acampe sobre la Avenida 9 de Julio en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, frente al Ministerio de Desarrollo Social. La exigencia va en la misma línea hace meses: más planes del programa Potenciar Trabajo; herramientas y fondos para impulsar emprendimientos productivos y alimentos para los comedores barriales que ocupan un rol central, sobre todo en los barrios más carenciados.

El Gobierno argumenta, con cierta lógica, que no pueden ampliarse los planes en un contexto de fuerte generación de puestos de trabajo – la desocupación está en su índice más bajo desde 2017 -, aunque con la paradoja de que los salarios son devorados por una inflación descontrolada que mes a mes se come el poder adquisitivo.

La propia vicepresidenta lo puso de manifiesto este miércoles, cuando por Twitter afirmó que se necesita una intervención más precisa del Ministerio de Economía para ponerle un tope a los elevadísimos márgenes de ganancias de las empresas alimenticias que tuvieron ganancias extremas en los últimos dos años.

Ese aspecto que Cristina marcó con anticipación a modo de advertencia a finales de 2020 en un acto en La Plata, cuando pidió alinear precios, salarios y jubilaciones y remarcó que la recuperación de la economía post-pandemia no podía quedarse en unas pocas manos, hoy debiera convertirse en la principal urgencia a resolver del gobierno, ya sea por voluntad sensata o con el único afán de conservar algún tipo de posibilidad de subsistencia electoral en 2023.

No se trata de un punto menor para un gobierno que hizo campaña con la promesa de la mejora económica tras cuatro años de catástrofe macrista. Con una cuota importante de mala suerte – pandemia y guerra en Europa, por caso – hasta acá el Frente de Todos puede hacer gala de aspectos esenciales de recuperación económica, como la caída de la desocupación, la reactivación de la industria y el crecimiento del consumo. Sin embargo, con una inflación desbocada no hay logro suficiente.

Internas en la CGT y agenda de reclamos al Gobierno

En este contexto, la amenaza de ruptura de Pablo Moyano con CGT fue leída con cierta preocupación cerca del Presidente, que se apalanca en la central obrera en su interna con Cristina. Alberto Fernández convocó a Moyano hijo a Olivos, que le llevó una agenda de múltiples reclamos, entre ellas el pago de un bono extraordinario que ayer mismo deslizó como una posibilidad concreta la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en su conferencia de prensa semanal.

Moyano, que asistió al cónclave junto a Omar Plaini (Canillitas) y Mario “Paco” Manrique (Smata) también reclamó mayor firmeza sobre los formadores de precios. El otro aspecto clave de la reunión fue el rol del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, ausente de la escena pública desde hace meses, a pesar de la paradójica situación que enfrentan millones de trabajadores que tienen empleo y están bajo la línea de pobreza.

De hecho, le apuntaron con dureza a Moroni por su inacción para resolver el conflicto en el sector del neumático, una protesta que escaló fuerte esta semana, con empresarios que paralizaron la producción y se niegan a discutir un acuerdo paritario en línea con la inflación. La cartera de Trabajo mantuvo más de 30 reuniones en los últimos meses, sin solución a la vista.

El conflicto gremial no es un punto para nada menor: si bien es un sector con alrededor de 9.000 trabajadores, el faltante de neumáticos complica la producción del sector automotriz, una de las industrias clave para la economía argentina. Incluso, ayer el propio Pablo Moyano volvió a reunirse con Alberto Fernández, esta vez en la Casa Rosada, y se ofreció como mediador para resolver la discusión. La escalada de un reclamo salarial válido encabezado por un gremio con una conducción de la izquierda complica por igual al gobierno y a la propia CGT, mucho más calma a la hora de exigir aumentos.

Como broche de oro, ayer el gremio de La Bancaria que conduce el cristinista Sergio Palazzo cerró un acuerdo de revisión paritaria que elevó el aumento de los trabajadores y trabajadoras del sector a un 94,1 por ciento y se convierte en un acuerdo testigo para otros rubros, que hasta ahora negociaron aumentos del orden del 70 por ciento.