Horacio Rosatti, Consejo de la Magistratura y silencio republicano

Punto Panorámico

18 de abril de 2022

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, finalmente asumió a cargo del Consejo de la Magistratura, en medio de fuertes críticas de todo el oficialismo y denuncias de golpe institucional. La avanzada del máximo tribunal llega en medio del debate parlamentario que busca definir cómo será la nueva composición del órgano, que se ocupa de designar, controlar y remover a jueces de todo el país.

La historia de cruces por el devenir del Consejo en verdad comenzó a mediados de diciembre, cuando tras más de cuatro años de demora, la Corte – cuya composición dista de ser la ideal, con apenas cuatro miembros y su presidente “autovotado” en 2021 – declaró inconstitucional una ley de 2006 que reducía la cantidad de integrantes del órgano (20 consejeros pasaba a 13), y le ordenó al Congreso que debata una nueva ley, con un plazo de apenas 120 días.

A pesar de que el Senado finalmente le dio media sanción hace menos de dos semanas, en Diputados no llegó a debatirse y ayer por la mañana Rosatti pisó fuerte para hacerse cargo de la conducción del Consejo, en un nuevo tire y afloje entre el Poder Judicial, el Gobierno y Juntos por el Cambio. La reforma aprobada por la Cámara Alta era sencilla: se eleva de 13 a 17 la cantidad de miembros y se crean regiones que sesionarán en las provincias, con el objetivo de aportar mayor federalismo en la Justicia.

Denuncias cruzadas

Este lunes, con el plazo de 120 días vencido el viernes – hubo quejas del Frente de Todos porque al tratarse de una semana corta por los feriados no hubo tiempo para darle celeridad al debate – Rosatti finalmente tomó poder del Consejo y en una resolución indicó que el órgano debía continuar en funciones y en “pleno derecho” de las pautas fijadas en el fallo de diciembre.

O sea, había que designar a los dos consejeros en representación del Parlamento, cuyo nombramiento quedó paralizado tras una medida cautelar impulsada por el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto y a la que dio curso el juez federal de Paraná, Daniel Alonso. A las pocas horas de su desembarco, Rosatti no sólo anuló la decisión de Alonso, sino que ordenó la designación de los dos consejeros y abrió una investigación sobre el magistrado en el Consejo que ahora el propio Rosatti preside.

Irregularidades

En paralelo, el ala judicial del Gobierno salió al cruce de la avanzada de la Corte en el Consejo: incluso, el ministro de Justicia, Martín Soria, denunció que el máximo tribunal “aceptó un golpe institucional” al “apropiarse de facultades del Congreso”.

No es un punto menor, sobre todo si se tiene en cuenta las atribuciones que se tomó la Corte en el fallo de 2021: no sólo declaró inconstitucional una ley aprobada por el Congreso de la Democracia, sino que además instauró una ley que había sido derogada, es decir, se arrogó una función que le corresponde a otro poder del Estado, en este caso, al Parlamento.

La irregularidad es aún más notoria si se tiene en cuenta el pasado muy reciente de Rosatti, un juez que entró por la ventana a la Corte vía decreto de Mauricio Macri en 2016; se impuso como presidente del máximo tribunal con un autovoto escandaloso en 2021; y meses después, en diciembre, dictó un fallo donde se pone a él mismo como Presidente del Consejo de la Magistratura.

Cómo sigue

Está claro que la novela por el futuro del Consejo de la Magistratura continuará en las próximas semanas. Aunque el objetivo del oficialismo es avanzar en la reforma parlamentaria, con el objetivo de frenar la avanzada de la Corte el Frente de Todos le reclamó a la Corte que otorgue un plazo de 90 días para que el Congreso termine de debatir la ley que ya cuenta con media sanción del Senado.

Como frutilla del postre, un dato llamativo: según recordaron desde el Frente de Todos, la Corte Suprema se tomó exactamente 1.577 días para estudiar la constitucionalidad de la conformación del Consejo, y tras su fallo de diciembre, le dio un plazo ridículamente corto al Congreso para avanzar en los cambios: apenas 120 días.

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