El 10 de diciembre de 2019, luego de asumir sus funciones, el nuevo presidente de la Nación se dirigió a la República por cadena nacional para compartir los lineamientos que marcarían su gestión en la que el coronavirus se configuraba como un acorde que sonaba, tenue, a miles de kilómetros; sin la potencia aún para cambiar la canción que estábamos escuchando. Dentro de su discurso, Alberto Fernández expresó una frase que picó fuerte: “Nunca más a los sótanos de la democracia”, y en aquel instante hubo una extensa porción de la sociedad que entendió que se refería a prácticas realizadas desde hace décadas en la Argentina. 

El resto, aquellos que pudieron no haber entendido a qué se refería Fernández, tuvieron la posibilidad de tomar conocimiento con el paso del tiempo. Porque ese acorde que nació en China, y generó una alteración en todas las canciones que sonaban en el mundo, llegó a nuestro país y, aunque marcó el ritmo del primer semestre de la gestión presidencial, no logró modificar una estrofa de aquella melodía que sonó en diciembre: la decisión de “limpiar” la agencia de inteligencia nacional y, en ese camino, se encontraron muchas cosas.

En este artículo proponemos un repaso de una serie de hechos que salieron a la luz desde entonces, un análisis fotograma por fotograma de las causas que marcaron (¿el final de?) una etapa. Con testimonios exclusivos de diferentes víctimas y de propios integrantes de la actual gestión de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a los que, desde Gamera, logramos acceder.

Una película, pero de terror

Un ratito antes de entrar en el 2020, el presidente designó como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a Cristina Caamaño, quien supo desempeñarse como Fiscala Federal y en el 2015 estuvo a cargo del Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones, a decir en español: la nueva oficina de escuchas creada a la par de la AFI por Cristina Fernández de Kirchner, área que históricamente estaba en manos de la SIDE (una pequeña digresión: al asumir Macri, con una rapidez digna de envidiar por cualquier velocista; puso las escuchas en manos de la Corte Suprema con las consabidas “filtraciones”. Si te suena “soy yo, Cristina, pelotudo”, sabés de qué estamos hablando).

La misión de Caamaño al frente de la AFI fue la de reestructurar la central de inteligencia de la Argentina para acabar con el festival de prácticas atravesadas por el secretismo, de las que ninguna institución podía tener ni constancia ni fiscalización efectiva y que se practicaron durante muchos años y hasta lo burdo durante la era Macri, que designó en la dirección de la AFI a Gustavo Arribas (representante de jugadores de fútbol e íntimo de Macri, quien llegó a decir en el libro de Laura Di Marco que, de sus amigos, es el más acostumbrado a la trampa) y, por debajo de él, a Silvia Majdalani. Prácticas que supieron ir desde compras irrisorias (que serán tema en un próximo artículo) hasta una serie de supuestas acciones planificadas, con mayor o menor gravedad jurídica, tendientes al seguimiento ilegal y que naturalmente terminarían decantando en diferentes grados de persecución judicial y mediática.

Tienes un Email

“En ese disco rígido lo que se encontraron fueron 88 mails que habían sido “chupados” de la máquina o del emisor o del receptor”, afirmaron a Gamera calificadas fuentes de la AFI; en lo que se configuró como el primer golpe de esta historia: el hallazgo de una serie de cuentas de email personales a través de la recuperación de un disco rígido que había sido borrado y que contenía información sensible sobre seguimientos presuntamente ilegales.

Hacia fines de mayo de este año, Caamaño presentó una denuncia penal por presunto espionaje ilegal a personas, entre otras, de la actividad política, periodistas y dirigentes durante el gobierno de Cambiemos, al menos desde junio de 2016. Propios y ajenos a aquella administración tomaron constancia de cómo desde la central de inteligencia nacional se habían realizado tareas de espionaje, ni “ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado”, que “sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo”, como afirmó la interventora al momento de realizar la denuncia, que está a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

Para entender, siempre es buena la analogía y desde la AFI nos ejemplifican el hallazgo: “Lo que nosotros encontramos es, por ejemplo, que vos entres a mi computadora y veas que yo tengo 88 mails que vos le mandaste a un amigo”, y la pregunta obligada es: ¿pero cómo podés tener en tu máquina mails que yo le mando a un amigo? “Eso es lo que encontramos”.

Lía Méndez lleva años en la militancia política, es abogada y referente del Partido Humanista y, entre otras cosas, fue Directora General de Relaciones Institucionales del Senado de la Nación hasta el 2015. En la lista de mails figura el de ella. En declaraciones a Gamera, Lía realizó un análisis global de las discusiones políticas que llevan décadas en la Argentina y, particularmente, sobre el estado general de los últimos cuatro años: “No se trata de personas buenas o malas, se trata de sistemas que no funcionan. Lo único que tenemos es el sistema democrático, pero se han podido pasar cuatro años de políticas violentas en su diseño, en su concepción y su aplicación, se ha podido estar cuatro años en los que el Estado de Derecho no ha estado ni dibujado, ha desaparecido absolutamente ya que las garantías no tenían vigencia”.

Méndez forma parte de una demanda colectiva en la causa de espionaje de emails y es representada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. “Los derechos están todos escritos”, expresó, “pero si en caso de vulneración de esos derechos no podés articular los mecanismos de la Justicia que están destinados a restituir esos derechos violentados, no tenés garantía de ejercicio de derecho. Estuvimos cuatro años donde no hubo garantías constitucionales”.

De presidentes y semáforos

El G-20 marcó el punto más alto en lo que hace a imagen pública durante la gestión de Mauricio Macri. La Argentina tenía la enorme responsabilidad de organizar el evento del grupo de naciones desde finales del 2017 hasta el cierre de 2018 que, con encuentros en Bariloche, Córdoba y Ushuaia, llegaría a su clímax con los máximos mandatarios del Grupo de los 20 en la Ciudad de Buenos Aires y, más allá de algunas notas que supo regalar la vicepresidenta de entonces, el macrismo lo calificó como un éxito de su gestión.

A la hora de cubrir un evento de tamaña magnitud, y por motivos de seguridad, que los periodistas que llevarán adelante su labor deban pedir la acreditación correspondiente es natural. Lo que se conoció después no debería serlo. Otra de las denuncias realizadas por la actual gestión se trata de eso: “A las fichas de los periodistas y organizaciones sociales que habían querido participar del G-20 se las clasificaba con un semáforo: verde eran los que se les permitía el acceso, amarillo el que tenía algo como para cuidar y rojo al que no se le permitía acceder por ser, por ejemplo, “muy kirchnerista o tener una foto con Estela de Carlotto en su Facebook”, explican a Gamera desde la AFI. Es decir: el filtro para trabajar en el evento habría sido político y lo que debe investigar el Poder Judicial es, entonces, si lo que se confeccionaba eran fichas ideológicas.

“Lo que se vio es un espionaje interno, que está prohibido por la Ley de Inteligencia”, resumen desde la Agencia.

Este presunto accionar durante el G-20 tuvo su par durante la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, que también se había desarrollado en Argentina, y en la denuncia de la AFI figuran aproximadamente 500 fichas. Marcelo Silvestro, fotoperiodista del diario Perfil, tiene una ficha con su nombre y en declaraciones a Gamera expresó: “Cuando nosotros hacíamos las investigaciones había temas que no podíamos hablar por teléfono. Por ejemplo: una guardia periodística a Macri. Iba a las 6 de la mañana y no salía nunca de la casa. Llegó un punto que los jefes me lo pedían personalmente, porque cada vez que me pasaban la orden por mail se sabían mis movimientos de antemano”. “Seguramente deben estar escuchando esto”, expresó Silvestro en relación la entrevista que dio lugar a las declaraciones de este artículo. “Esta mano de obra, que ahora debe estar en guaridas, debe seguir laburando. Recién está la punta del ovillo, no creo que fuera por el G-20 el tema, viene de mucho tiempo atrás”, señaló, y remató: “Durante el G-20 estuve acreditado pero no me mandaron a sacar ni una foto y no sé por qué no me mandaron”.

Dentro del Patria

Otra de las revelaciones en torno al presunto espionaje ilegal son las posibles tareas que se habrían realizado contra distintos referentes del ámbito político de la Argentina. La figura espiada con más resonancia habría sido Cristina Fernández de Kirchner, entonces ex-presidenta y actual vicepresidenta de la Nación.

En este capítulo se tramitan dos causas en la Justicia Federal. Fuentes consultadas por Gamera detallaron que una de ellas es el expediente de un narcotraficante que se arrepintió ante la Justicia y reveló que un abogado, Facundo Melo, ex agente de inteligencia y abogado de barrabravas, lo había contratado para ponerle una bomba a José Luis Vila, ex subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa que era comandado por Oscar Aguad. Vila fue agente de la ex SIDE durante más de diez años y hasta aportante en la campaña de Macri en 2015. “A partir de ahí sale a la luz todo un espionaje ilegal, una causa a la que la Agencia no tiene acceso, la tiene el juez (Federico) Villena y que solamente ha pedido información sobre los agentes que van siendo nombrados”, afirman a Gamera desde la AFI.

Según afirman, la mayoría son ex agentes, muchos eran de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que estaban comisionados en la Agencia. Otros eran ex miembros del Servicio Penitenciario que trabajaban en la AFI como agentes y que armaron toda una red donde incluso se “cableó” la cárcel federal de Ezeiza y otra de la provincia de Buenos Aires, donde se pensaba que iban a ir presos los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano. Es decir, lisa y llanamente, no se habla de un micrófono dentro de un agujero en la pared, sino de una instalación electrónica para poder escuchar conversaciones de aquellos detenidos con, por ejemplo, sus abogados. Detenidos que fueron funcionarios de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y escuchas que, nuevamente, fueron conocidas a nivel público gracias a algunos medios de comunicación.

La otra denuncia, que sí fue realizada por la interventora de la AFI, apunta directamente a un plan de espionaje dirigido de manera concreta a la entonces ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y, como toda pieza de rompecabezas comparte costado con otra, se habría utilizado como excusa para llevarlo adelante la reunión del G-20. Desde la AFI detallaron a Gamera que la “versión oficial” fue que durante el evento de mandatarios en la Argentina se podía “atentar contra la ex presidenta”, es decir que Cristina era un blanco de ataque, pero lo curioso es que ella nunca fue notificada de la supuesta amenaza “en lugar de avisarle que la van a cuidar, la realidad es que le hacen espionaje, tanto en la casa como en el Instituto Patria”. Esta causa recayó en el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, ya que quien había autorizado esas actividades era el juez Villena, por lo que se tuvo que excusar.

Para llevar adelante estas operaciones se habría dispuesto un grupo de agentes que se autodenominaba “Super Mario Bross”, equipo que estaría a cargo de Alan Ruiz, el jefe de la Operaciones Especiales de la AFI durante la gestión Macri. Ruiz actualmente se encuentra detenido y en sus declaraciones no vinculó a sus superiores, aunque recientemente otro ex agente de la Agencia Federal de Inteligencia declaró que, efectivamente, Ruiz respondía a la subdirectora de la AFI macrista: Silvia Majdalani.

Lo cierto es que, de probarse que efectivamente se llevaron adelante todas estas maniobras de espionaje, la responsabilidad jurídica es del entonces presidente de la Nación: Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque la AFI depende directamente del Poder Ejecutivo Nacional. “Las directivas vienen directo del presidente. Por eso todas las denuncias que salieron desde la AFI, la de las fichas de los periodistas, la de los mails, la del Patria y la que se va a realizar sobre venta de armas, en todas Cristina Caamaño pide la indagatoria del expresidente, de Arribas, de Majdalani y de todos los que estaban a cargo de esas actividades”, sintetizó un funcionario del gobierno de Alberto Fernández.

La venta de armas, que se menciona al pasar en el párrafo anterior, tendrá su episodio propio: «Hay ex agentes de la AFI, ya que la gran mayoría de ellos no están más y algunos están suspendidos, que están todos bien armados», expresaron.

Queda mucho por escribir, pero para correr los velos es necesario hacerlo por partes y por eso, en el próximo episodio, toca hablar de Arribas, los gastos reservados y su oficina de un millón de dólares.

Hasta acá el primer capítulo.

Gastón Lodos

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